Editorial Noticias Data: Diego Maidana
En las últimas semanas circuló una versión tan impactante como difícil de comprobar: que detrás del triple crimen en Florencio Varela habría un trasfondo ligado al robo de 400 kilos de cocaína. La cifra estremece por sí sola. No hablamos de un “pequeño ajuste de cuentas”, sino de un cargamento con valor millonario que, de ser real, ubicaría al caso en la órbita del narcotráfico internacional.
Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿verdad o mentira?
El problema con este tipo de versiones es que suelen instalarse en el terreno de la sospecha, sin documentos judiciales que las respalden ni pruebas oficiales que las confirmen. Muchas veces son filtraciones interesadas: provienen de sectores de la investigación, de rivales dentro del mismo circuito delictivo o incluso de actores políticos que buscan direccionar la interpretación pública de un hecho.
Ahora bien, la mera existencia de este rumor dice mucho. Muestra cómo el narcotráfico se ha convertido en un lenguaje paralelo de poder, donde la violencia no siempre se explica por la inmediatez del crimen —una deuda, una disputa barrial, una venganza— sino por los grandes movimientos de droga y dinero que atraviesan estructuras estatales, policiales y judiciales.
Si los 400 kilos existieron, la consecuencia es doblemente grave: por el vacío de control que permite semejante robo y por el mensaje de impunidad que transmite.
Si los 400 kilos no existieron, el hecho no es menos inquietante: estaríamos frente a una operación de manipulación informativa destinada a magnificar el caso, sembrar miedo y justificar determinadas líneas de investigación o medidas de seguridad.
En cualquier escenario, la conclusión es la misma: el narcotráfico está presente en el relato y en la práctica cotidiana de nuestra realidad social. No alcanza con resolver un expediente o condenar a algunos culpables. El desafío es mayor: transparentar las investigaciones, cortar las complicidades y evitar que el país se convierta en rehén de rumores tan escandalosos como imposibles de verificar.
En definitiva, el dilema sobre los “400 kilos robados” nos devuelve al mismo punto: en la Argentina, el narcotráfico ya no se discute solo en tribunales, se discute en la calle, en los barrios y, cada vez más, en el campo de batalla de la opinión pública.