El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia resolvió rechazar el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Librada Beatriz Romero, esposa del dirigente social Ramón “Tito” López, por lo que continuará detenida bajo prisión preventiva.
La decisión fue adoptada por los jueces Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch, quienes consideraron que se mantienen vigentes los riesgos procesales y que la gravedad de los delitos imputados impide conceder el beneficio solicitado. Romero se encuentra procesada por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado, delitos que prevén una escala penal superior a los ocho años de prisión.
En ese marco, el fiscal general Federico Martín Carniel sostuvo que la pena en expectativa constituye un elemento determinante para sostener la detención, ya que descarta una eventual condena de ejecución condicional. Además, el tribunal evaluó la presunta capacidad económica y operativa de la estructura a la que pertenecería la imputada, lo que incrementa el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
Los magistrados también remarcaron que no se produjeron cambios fácticos relevantes desde su detención, ocurrida en septiembre de 2024, que permitan modificar su situación procesal.
Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Marcelino Omar Leiva, había argumentado que la prisión preventiva debe aplicarse de manera excepcional y que, al haberse concluido la investigación penal preparatoria, su asistida debía transitar el proceso en libertad. Sin embargo, el tribunal recordó que el juicio oral ya tiene fecha de inicio, prevista para el 8 de abril de 2026.
En la resolución, se indicó que “la magnitud de la pena en expectativa, la complejidad de la causa y la capacidad operativa de la organización criminal imputada constituyen parámetros suficientes para garantizar la sujeción de la encartada al proceso”.
De esta manera, Librada Beatriz Romero continuará alojada en una unidad de detención hasta la realización del debate oral, donde se definirá su situación judicial definitiva.