El Ministerio Público Fiscal pidió el juicio oral por encubrimiento de contrabando y lavado de activos agravados por habitualidad. La investigación detectó movimientos millonarios, uso de criptomonedas y facturas de contribuyentes no confiables.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio oral y público de Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo en el marco de la causa conocida como Cebra Phone. Ambos fueron acusados como coautores de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y lavado de activos también agravado, en concurso real de delitos.
Según el requerimiento, la investigación permitió reconstruir un esquema de maniobras destinadas a introducir en la economía formal dinero de presunto origen ilícito. La acusación describe un proceso organizado y reiterado, con múltiples actos económicos y financieros que habrían tenido como objetivo otorgar apariencia legal a fondos vinculados a la comercialización de productos sin aval aduanero.
En el análisis fiscal se detalla que el circuito investigado incluyó la conversión de pesos a criptoactivos como USDT, transferencias a través de plataformas digitales como TRC-20 y Binance Pay, y la posterior aplicación del dinero en bienes registrables, inmuebles, mejoras edilicias y gastos de explotación comercial. Para los investigadores, estas operaciones evidencian la puesta en circulación de capitales dentro del sistema financiero formal.
El informe también expone inconsistencias en la situación fiscal de los imputados. En el caso de Obregón, se registró un salto significativo en los montos facturados entre 2023 y 2024, acompañado por acreditaciones bancarias de gran magnitud. Parte de las facturas recibidas provenían de contribuyentes catalogados como no confiables por la autoridad fiscal, con montos que superan ampliamente los ingresos compatibles con su actividad declarada. Entre julio y agosto de 2024, por ejemplo, se consignaron comprobantes por más de 149 millones de pesos de una firma incluida en la base de contribuyentes con CUIT limitada.
Respecto de Vargas Vispo, el análisis fiscal detectó diferencias marcadas entre facturación emitida y recibida durante 2024, además de movimientos económicos que no guardarían relación con su actividad declarada. La fiscalía considera que el patrimonio adquirido, las mejoras en inmuebles y el nivel de gastos constatado no encuentran respaldo razonable en ingresos lícitos acreditados.
La acusación sostiene que el delito de lavado no requiere la identificación concreta del ilícito precedente, sino la comprobación de que los bienes provienen de una actividad penal previa. En este caso, el delito antecedente señalado es el encubrimiento de contrabando. Además, se remarca la agravante de habitualidad, al considerar que las maniobras no fueron aisladas sino reiteradas en el tiempo. Con estos fundamentos, el Ministerio Público pidió formalmente la apertura del juicio oral ante la Justicia Federal.
Noticiero 9