Chile dispuso que otros siete centros clandestinos de detención y torturas que funcionaron durante la dictadura de Augusto Pinochet sean declarados sitios de memoria, en medio del fortalecimiento de un plan para rescatar y preservar lugares emblemáticos de cara al próximo aniversario número 50 del golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura constató, en el llamado Informe Valech (por monseñor Sergio Valech, que la presidió), que hubo un total de 1.132 recintos usados como lugares de detención a lo largo del país, y 45 ya son sitios de memoria, aunque únicamente cinco reciben financiamiento del Estado.
Aquel Informe Valech recomendó que “para ahondar el aprendizaje colectivo y la calidad democrática del país es necesario declarar los principales centros de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”.
Chile usa esta nominación –igual que otros países del mundo- para lugares donde hubo detenciones, violaciones, torturas, asesinatos y otras atrocidades provocadas durante la dictadura militar, varios de los cuales primero fueron declarados como monumentos nacionales en la categoría de monumentos históricos, como Villa Grimaldi y los Hornos de Lonquén.
La particularidad de la tarea en Chile se dio con el hecho de que primeramente la mayoría de los lugares eran en Santiago, hasta que se visualizó la necesidad de proteger también centros clandestinos en otras regiones, incluso en zonas rurales, para dejar testimonio de que la represión fue a lo largo de todo el país.
“Es una tarea de conservación de algunos espacios, que tienen una protección especial. Y sumamos tareas de museografía. Hay recorridas guiadas con exprisioneros que cuentan sus vivencias, lo que representa un hecho enriquecedor y aporta un valor patrimonial importante. Y los sitios se vinculan mucho con las comunidades, con los vecinos de alrededor, con otros sitios de memoria”, explicó el titular del Sitio de Memoria Estadio Nacional y coordinador de la Red de Sitios de Memoria, Marcelo Acevedo.
En declaraciones a Télam, Acevedo rescató “esta lucha que comenzó con la vuelta a la democracia”, en 1989. Pese a ser el centro de tortura más grande del país, con cerca de 20.000 prisioneros, el estadio Nacional de Santiago recién recibió esta categoría recién en 2003.
“Funcionamos con recursos del Ministerio de las Culturas, y eso es lo que permite hacer este trabajo. Pero los recursos son siempre escasos. Uno siempre quisiera hacer más. De hecho, hay grupos que hacen un trabajo de memoria sin contar con el sitio en sí ya declarado como sitio de memoria”, explicó Acevedo.
Para el activista, el trabajo “especial” que supone el plan para los 50 años del golpe tiene que ver “por supuesto con el tiempo transcurrido, que lo hace una conmemoración bien particular, pero también porque además de importar como acto simbólico y contribuir a la memoria, supone reforzar tres ejes: la declaratoria, la recuperación de ese lugar con asociaciones civiles y el mantenimiento” a futuro.
A modo de ejemplo, puso el caso del propio Estadio Nacional, donde el mismo 11 de septiembre se inaugurará un “Camino de la memoria”, que irá desde el estadio mismo hasta el velódromo, la zona de las torturas, y que los detenidos debían cruzar en grupos de dos o tres, cubiertos con frazadas y a menudo atados.
“Chile sigue con la deuda de tener una Ley de Memoria, una ley contra el negacionismo… Leyes que efectivamente garanticen la no regresión o que al menos vayan en línea con la justicia transicional, que por cierto fue muy deficiente”, evaluó Acevedo.
El dirigente advirtió que las Fuerzas Armadas “jamás entregaron un dato sobre detenidos-desaparecidos, ni siquiera algo tan básico como quienes pasaron por los campos de concentración, y cuando entregaron algo, fue información deliberadamente errónea”. “Un gesto malvado, perverso. Y en este año tampoco esperamos nada de ellos”, dijo.
Como muestra de la desidia que imposibilitó avances judiciales, Acevedo reseñó el hallazgo en febrero último en la Universidad de Chile de cajas con osamentas que la justicia dejó en custodia en 2001.
“Se encontraron ahora, 22 años después. Y ahora se harán las pericias. Un hecho revelador de que la justicia fue lenta, pero además negligente”, evaluó Avecedo.
Ante ese cuadro, el especialista reivindica la necesidad de lograr “una línea de conservación importante, con personal idóneo para eso, aunque represente gastos altos”. “Conservar es una tarea ardua y onerosa”, expresó.
Acevedo puso de relieve “todos los sitios recuperados hacen un trabajo de memoria muy eficiente y metódico con escuelas, liceos, universidades, y con el público en general que los visita”.
“En Chile hay quienes no quieren reconocer que hubo una dictadura, que se torturó y se ejecutó a personas, que se violaron los derechos humanos. Eso nos marcó los 30 años de democracia, en el sentido de que la dictadura no fue derrotada, sino que fue pactada. Lo peor es que la sociedad no sintió vergüenza de la dictadura. Recién cuando la sociedad sienta vergüenza efectivamente se podrá dar un paso hacia adelante, mirarnos, reconocernos y decir ‘no queremos repetir esto’”, manifestó.
Hace días que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) designó a otros siete lugares de detención y tortura como Sitios de Memoria de Monumentos Históricos.
“Estas declaratorias demuestran el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que pasaron por esos recintos”, destacó en la oportunidad el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime Aguirre.
Los nuevos lugares preservados son la excárcel de Arica; el regimiento número 23 de Copiapó; el Memorial Puente El Ala, en Ñuble; el recinto de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en Talca; la fosa del Cementerio de La Serena y el Campo de Prisioneros de Pisagua (provincia de Tamarugal).
Por último, la Comisaría de Ancud, que ya era Monumento Histórico, cambió a categoría de sitio de memoria.
El sitio Observatorio Cultural, del Ministerio de las Culturas, subraya la vitalidad de la gestión en sitio de memoria, “más allá de la temporalidad institucional y desde la autonomía frente a posibles instrumentalizaciones políticas”.
“Los sitios de memoria previenen así la privatización del sufrimiento y el recuerdo asumiendo tanto la dificultad como la necesidad de sacar lecciones de la historia que favorezcan la convivencia desde la pluralidad y el respeto a los valores democráticos”, expresa el texto.