El Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) realizó un informe sobre la implementación de la Ley Nº 27.610, que demostró que a dos años hay casi un 60% más de servicios de salud que garantizan el derecho al aborto. “La situación es muy diversa en el país, pero que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar es muy diversa, pero el factor común es que se garantizó el acceso”, dijo Mariana Romero, médica y directora ejecutiva de Cedes.
El informe toma los datos entre 2020 y septiembre de 2022, donde se verifica que a nivel nacional aumentaron un 58% la cantidad de servicios de salud que implementan la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. “Recomendamos que los servicios de atención sanitaria estén más cerca de la gente y eso implica que estén más en cercanía con los centros de salud porque llegan a zonas más dispersas y lejanas que los hospitales”, comentó Romero en diálogo con Radio Provincia del Chaco.
“Algo que tenemos que destacar del rol del Estado es que garantizó el acceso a los insumos para que la gente pueda acceder a los derechos que garantiza la ley. Y claro que nos preocupa qué pasaría si el Estado Nacional no envíe los recursos. Nos preguntamos si las provincias pueden asumir ese rol”, destacó Romero. Y añadió: “A casi dos años de la aprobación de la ley, se avanzó mucho en capacitaciones, acceso de recursos y la gente tuvo respuesta de los ministerios de Salud de la Nación y las provincias”.
Para un optimó acceso a este derecho, la directora del Cedes dijo que “todavía hay que profundizar los aspectos de calidad, por ejemplo en la posibilidad de atender a un paciente de acuerdo a sus preferencias; de dejar de utilizar el legrado y reemplazarlo por la tecnología como la aspiración manual intrauterina o el aborto con medicamentos, ambos recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.
Respecto de las dilaciones de las y los trabajadores de salud para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo, “no hay datos concretos pero consideramos que un parámetro importante sería tener acceso a las consultas que se dieron en el 0800 222 3444 con dilaciones, demoras o de obstáculos. Es bueno que la gente reporte porque permite actuar directamente y trabajar con los equipos para que garanticen el acceso a este derecho”, finalizó.
Romero recordó que un elemento fundamental es la Educación Sexual Integral para las personas, desde edad temprana porque “permite tener conocimiento a la hora de tomar decisiones acerca de su salud sexual y reproductiva”, aclaró.
Para conocer el informe en detalle, pueden descargarlo en Proyecto Mirar.