Mañana, martes 9 de septiembre a las 10, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia dará inicio a la audiencia preliminar en el marco del expediente 11335/2019, una de las causas judiciales más resonantes de los últimos años en la provincia.
En el banquillo figuran el dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David, Daniel y Walter López, todos con prisión preventiva en distintas unidades penitenciarias federales. La única procesada en libertad es Dévora Acosta, nuera de López, quien permanece excarcelada por tener a su cargo a una hija menor de edad.
La investigación los señala por presunta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación contra la administración pública, delitos que habrían sido cometidos mediante la utilización de fundaciones fantasma y el desvío de fondos estatales, principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep).
Un patrimonio bajo la lupa
El caso se disparó a partir de declaraciones públicas del propio López, quien en entrevistas afirmó tener “326 terneros valuados en $300.000 cada uno” y haber adquirido “un campo por 200.000 dólares”, además de declarar un capital de “$1600 millones”. Estas manifestaciones encendieron las alarmas judiciales y motivaron una instrucción que derivó en un voluminoso expediente de más de noventa páginas, según explicó el fiscal Patricio Nicolás Sabadini.
Defensa y acusación
Los acusados serán representados por los abogados Ismael Omar Zapata, Ricardo Ariel Osuna y Gabriela Tomljenovic. En tanto, el proceso contará con la participación del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La resolución judicial, firmada por el juez Juan Manuel Iglesias, fijó un plazo de diez días para que las partes revisen las actuaciones, ofrezcan pruebas y presenten eventuales recusaciones.
El tribunal y los próximos pasos
El TOF de Resistencia está integrado por los magistrados Enrique Jorge Bosch, Fabián Gustavo Cardozo y el propio Iglesias. La audiencia preliminar será el paso previo al juicio oral, donde se buscará esclarecer si la familia López utilizó su estructura personal y política para canalizar fondos públicos mediante organizaciones ficticias.