Tras el decreto presidencial que convirtió al Banco Nación en una sociedad anónima , el gobierno de Javier Milei proyecta el cierre de sucursales y el despido de empleados, incluso antes de su privatización.
La determinación de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de estas medidas quedará en manos de las autoridades del banco. Según el Ejecutivo, el objetivo es mejorar la eficiencia de la entidad y reducir el déficit fiscal.
Aunque el decreto firmado por el presidente antes de su viaje a Estados Unidos no menciona explícitamente despidos ni cierres, fuentes oficiales adelantaron que ya se realizaron las proyecciones. Sin embargo, evitaron dar detalles sobre el alcance de la medida. «Los análisis específicos estarán a cargo de las autoridades del banco», señalaron.
Cierres y reestructuración laboral
«El objetivo es modernizarlo y hacer más eficiente su funcionamiento, lo que implicará cierres», afirmó un alto funcionario vinculado al proceso. Actualmente, el Banco Nación cuenta con 780.000 dependencias y, en una primera etapa, se priorizará el cierre de aquellas ubicadas en municipios con tasas impositivas más elevadas. «Habrá recortes y será necesario reestructurar los convenios de trabajo», agregó otra fuente oficial.
Pese a estos cambios, el directorio del Banco Nación, presidido por Daniel Tillard, permanecerá sin modificaciones por el momento.
El argumento del gobierno no es nuevo. En octubre pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado el cierre de nueve de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa como respuesta al aumento de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos aplicado por el gobernador Sergio Ziliotto. Aquella decisión generó un fuerte rechazo en la provincia y los municipios afectados, un escenario que podría repetirse si la estrategia de cierres se extiende a otras jurisdicciones.
Si bien aún no hay una fecha definida, en el gobierno no descartan ejecutar estas medidas antes de que se envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. El Ejecutivo mantiene como objetivo final la venta de la entidad, en línea con la transformación en sociedad anónima de todas las empresas estatales.
Dentro del listado de distritos con mayor presión tributaria, la mayoría se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, figuran Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
En el resto del país, los municipios en evaluación son Rawson, San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia, Córdoba, Corrientes, Paraná, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa, La Rioja, Mendoza, Posadas, Neuquén, Viedma, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Ushuaia y San Miguel de Tucumán.
Hasta el momento, el oficialismo logró convertir varias de las empresas estatales en sociedades anónimas, aunque el Congreso sólo habilitó la privatización de ocho de ellas. Desde entonces, el área de Transformación del Estado, liderada por Federico Sturzenegger, y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, trabajan en su reorganización para hacerlas más atractivas a posibles inversores privados. Tanto Milei como su equipo sostienen que el Estado no puede ser eficiente en la gestión de empresas.
En 2024, el Banco Nación ya había reducido su planta en un 7 %, lo que significó la desvinculación de aproximadamente 1.000 empleados. Ahora, el plan contempla el posible cierre de sucursales en algunos de los 50 municipios con las tasas más altas del país, donde ya existen juicios y medidas cautelares contra los impuestos locales. En Córdoba, por ejemplo, 18 municipios están judicializados, aunque en algunos casos, como Jesús María, se alcanzaron acuerdos para reducir la carga impositiva.
Desde el Gobierno aclararon que la evaluación de sucursales y personal sigue en curso y que no necesariamente se cerrarán todas las oficinas en los distritos mencionados. Aunque reconocen que el Banco Nación no es deficitario, argumentan que «perdió el foco de su actividad y su plan de negocios». Algunos funcionarios consideran viable replicar el modelo de YPF, aunque no hay definiciones concretas al respecto.
El proyecto de privatización aún no fue detallado ni tiene fecha de envío al Congreso. Mientras tanto, el Gobierno planea presentar en la Inspección General de Justicia los balances y reglamentos del banco, que serán modificados en las próximas semanas. También continuará la revisión de la estructura de la entidad.
El gremio La Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, ya adelantó su oposición a las medidas y calificó la estrategia del Gobierno como una «estafa». Se espera que el sindicato lleve adelante medidas de fuerza en rechazo a los despidos y cierres proyectados.