El foro que nuclea a organizaciones por los derechos de personas con discapacidad convocó a una manifestación en la Quinta de Olivos y otros puntos del país.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización para este miércoles en puntos de todo el país en rechazo la posible firma de un decreto que modificaría el sistema de atención a personas con discapacidad, lo que podría afectar el acceso a terapias y otros servicios de 200.000 beneficiarios.
«Esta decisión va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales sin importar su situación económica, mientras tengan una obra social, sean de PAMI o cuenten con una pensión o prepaga», explicaron desde el foro.
La convocatoria para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue pautada para las 11 de la mañana en la puerta de la Quinta de Olivos, residencia oficial del presidente Javier Milei, quien tendrá que decidir si firmar o no el decreto en cuestión.
En una conferencia de prensa ofrecida días atrás la misma organización expuso que el decreto en ciernes contiene el siguiente artículo: «Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente – y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.»
Por ahora, las obras sociales están obligadas a pagar las prestaciones a partir de lo que aportan los trabajadores y empleadores; las prepagas, a hacerlo con las cuotas que pagan las personas que contratan su cobertura; el PAMI, con lo que recauda de todos los empleados y jubilados; e Incluir Salud, a través de la partida asignada en el presupuesto que proviene del Tesoro nacional.
Con la modificación pretendida por el Poder Ejecutivo «se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado -que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad-, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga», agregaron desde el foro.
«De hecho, actualmente no se ha podido establecer un mayor aumento, que está atrasado en un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones, por la presión de uno de los organismos financiadores», convinieron desde la organización que nuclea a diversos entes, desde donde señalaron que «dicha situación ha llevado a un desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores que están al borde del colapso. Y esto marca lo que puede pasar en el corto plazo si se publica dicho decreto».
En la actualidad los aranceles se tendrían que estar actualizando según la inflación y las paritarias. El organismo gubernamental responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad (con voz y sin voto).
Pero en el proyecto de decreto se establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, «o sea que el Directorio, que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del Sistema», advirtieron.
Por eso mismo desde la organización exigen «a los funcionarios que revean esta medida que puede entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, derecho que se obtuvo hace ya más de 25 años», a través de la Ley 24.901, que data de 1997.
«Se puede retrotraer a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901. En ese momento había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas personas con discapacidad recibían una atención o no según la obra social que tenía. Esto sucede hoy con ciertas obras sociales provinciales que no reconocen el nomenclador nacional o con aquellas que suelen tardar mucho en pagar. Si los aranceles que se establezcan no llegan a cubrir el costo de las prestaciones muchas instituciones o profesionales dejarán de atender a esta población porque no pueden sostenerse», comunicaron en conferencia de prensa días atrás.