El ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó este jueves que «la mitad del déficit está en las provincias», que «tienen que entender que deben ser parte de la solución», al encabezar esta tarde en Casa Rosada una reunión con representantes de cámaras agrarias, industriales y de servicios para analizar el proyecto de ley «Bases» y el DNU 70/2023.
En ese marco, el Gobierno les pidió a los representantes del sector privado su apoyo para ambas normas y les ratificó la decisión de avanzar hacia la meta del «déficit cero».
«Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos», dijo Caputo en el encuentro.
El Ministro de Economía estuvo acompañado por el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; su par de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y la Bioeconomía, Juan Pazo; de Trabajo, Omar Yasin; el titular de la Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, Federico Sturzenegger; y el asesor Shunko Rojas; informaron fuentes de Presidencia.
Durante la reunión, los funcionarios y los dirigentes empresarios dialogaron «sobre el rumbo del país y coincidieron en la importancia de que se alcance el déficit cero», dijeron los informantes.
Pazo, uno de los expositores del encuentro, recordó que en los primeros días de la nueva administración se eliminaron las licencias de exportación, los cupos y las SIRAs.
También se refirió a la decisión del Gobierno de avanzar en la derogación de regulaciones en el comercio que significaban tiempo y dinero para las pymes.
Desde el sector privado, los representantes de las entidades empresariales destacaron la buena predisposición y la apertura al diálogo de parte del Gobierno y coincidieron en que se debía avanzar en el programa de emergencia económica.
En el último tramo del encuentro, que comenzó a las 15 y finalizó cerca de las 17, también dialogaron sobre la situación de cada sector en materia impositiva, comercial y sobre los costos laborales, entre otras cuestiones.
Por el sector privado participaron el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; y sus pares de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Grinman; de la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Claudio Ipolitti; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), Pablo Fiuza; de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.
También fueron de la partida el titular de Confederación Rural Argentina (CRA), Carlos Castagnani; de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA), Martín Berrade; y de la Comisión Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), Daniel Dessein; el secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Mario Raiter; y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Eloisa Frederking; y el coordinador general del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins.
«Tenemos adecuaciones en varios capítulos, no en todos, pero sí en varios que afectan directamente a algunos sectores de la economía real, de la economía pyme argentina», dijo González tras la reunión y en un contacto con la prensa acreditada en Casa de Gobierno.
Entre esos reparos, manifestó que «la retención a la economía regional y a la industria es fundamental justamente poder tener una claridad», o en «las tasas que se liberan a los bancos por cada transacción en la tarjeta de crédito».
Caputo, según señaló González, les dijo que tras «un proceso tan largo en Argentina de retroceso» se presentaron el proyecto de ley «Bases» y el DNU «y por eso pide el acompañamiento».
Desde la agroindustria, Martins respaldó el proyecto de ley y el DNU «con todas las medidas que están» y «que tienen que ver con una economía libre de mercado, con barrer las trabas de exportación», pero advirtió que tienen «una pequeña diferencia» con esos instrumentos legales «en el sentido de las retenciones» y refirió, en ese marco, que la suba va «a ralentizar la oportunidad que tenemos de crecer en el sector».
El dirigente empresarial contó que «había un amplio abanico de actividades que iban a ser grabadas», como las economías regionales, algo que consideró que «no era razonable» porque «muchas de ellas iban a quedar fuera del sector comercial».
Martins manifestó que «han ido liberando muchas economías regionales, quedan dos o tres en estudio, faltaría el listado final».
Por su parte, Grinman sostuvo que las reformas laborales propuestas en el proyecto de ley «Bases» y en el DNU, «de ser aprobadas por el Congreso, van a generar nuevos empleos».
«Con el marco laboral que tenemos en este momento no hay» nuevos empleos, consignó Grinman, debido a que no hay «ningún empresario que se arriesgue a tomar trabajadores, en un país como la Argentina que es tan errático».
«Ahora, si tenemos un marco laboral más moderno, más previsible, que cubra al empleador de las vicisitudes de un país como la Argentina, no tengo ninguna duda de que vamos a generar empleo», agregó el dirigente empresario en diálogo con la prensa.
Mientras que Funes de Rioja aseguró que la suba de retenciones «castiga la exportación de valor agregado argentino», y confió en que el Gobierno «encontrará un camino para no poner en riesgo las exportaciones industriales», ya que, dijo, se trataría de «medidas transitorias en el marco de una situación económica muy delicada».
Funes de Rioja estimó que es «central» que se excluya al sector de las pymes de los derechos de exportación, ya que «que son las más afectadas y podrían derivar en una reducción de la producción, empleo y las exportaciones».