La Cámara Federal de Corrientes resolvió este miércoles excarcelar a siete de los 10 supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy. Todos habían sido procesados con prisión preventiva por la jueza federal de la ciudad de Goya, Cristina Pozzer Penzo, por entorpecer la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña (5), desaparecido en el paraje El Algarrobal el 13 de junio pasado.
La medida de la Cámara, integrada por los jueces Ramón Luis González, Selva Angélica Spessot y Mirta Gladis Sotelo, recayó sobre Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad, que se encontraba fuera de servicio al momento de su llegada a Goya; los abogados Elizabeth Cutaia, Delfina Taborda y Alan Cañete; y Pablo Noguera. Luego, también fueron beneficiados Pablo Núñez y Valeria López.
Fue luego de que la jueza Pozzer Penzo los procesara con prisión preventiva por los delitos de privación ilegítima de la libertad de lo menores que estuvieron con Loan cuando desapareció en el naranjal, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado; como también usurpación de título, en el caso de Cañete, Núñez, López.
Los fiscales de la Protex, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, y del juzgado federal de Goya, Mariano de Guzmán, no se habían opuesto a la liberación de los acusados. Tampoco el fiscal de Cámara. Así, los magistrados encontraron vía libre para concederles la excarcelación, pero con la imposición de una serie de medidas alternativas.
Los siete excarcelados deben presentarse periódicamente ante las autoridades, tienen la prohibición de salir del país y se les retuvo el pasaporte. Asimismo, se le prohibió acercarse o comunicarse con las víctimas menores de edad involucradas en el caso y con testigos.
Según la resolución de la Cámara, a la que accedió este medio, también se ratificaron medidas preventivas que les impiden difundir detalles sobre el caso o referirse a los menores en los medios de comunicación.
Hay que recordar que la jueza Pozzer Penzo procesó también al psicólogo Federico Colombo, apresado en Tucumán; a Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’ y a Verónica Machuca Juni.
De acuerdo con el procesamiento de la magistrada federal de Goya, todos fueron imputados por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento agravado. Además, a Soria se le endilga los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. En tanto, a Cañete, Núñez, López, Machuca Juni se los imputó por usurpación de título.
La Justicia sospecha que los imputados, desde un hotel de la localidad de 9 de Julio, “entrenaban” a, al menos, tres de los niños que estuvieron en el naranjal aquel 13 de junio pasado. También a Camila Núñez, testigo clave en la causa, y a la hija de Laudelina Peña, Macarena.
La sospecha se inició cuando Soria trató de impedir que Prefectura entrara al hotel donde se alojaban. La fuerza de seguridad la orden de trasladar a Macarena y Camila junto a los menores a sus domicilios particulares.
Para la jueza, impidió el procedimiento para “evitar que narren lo percibido por sus sentidos de forma llana, sin intromisiones de terceros o ‘coucheos’ (coaching)” y consideró que “resulta una faena dificultosa para las autoridades predispuestas por la casi inmediata intervención que tuvieron, desde estar junto a los padres, a la abuela Catalina, a los familiares; direccionando o intentando direccionar sus declaraciones sean por medios o en la justicia resulta sobradamente probado.
Por eso, dice Pozzer Penzo, “el impacto es que este ‘entrenamiento’ realizado fuera del marco legal que impide estas acciones, el efecto es directo a la recolección de prueba y el impacto generado es dificultar el descubrimiento de la verdad real de los hechos como sus autores”.