La investigación judicial avanza con evidencias que apuntan a la tía del niño como autora intelectual del crimen. Mientras tanto, el Juzgado Federal de Goya enfrenta denuncias de vaciamiento y tensión laboral.
A nueve meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que conmocionó a Corrientes y al país, la investigación judicial ha dado un giro significativo con la aparición de nuevas pruebas que complican la situación de los siete imputados, especialmente la de Laudelina Peña, tía del menor, señalada ahora como la presunta autora intelectual del crimen.
El abogado Juan Pablo Gallego, representante de la querella, confirmó que la jueza Cristina Pozzer Penzo solicitó y obtuvo la extensión del plazo de instrucción hasta el 19 de julio de 2025. Esta medida, avalada por la Cámara Federal de Corrientes, busca garantizar que se agoten todas las líneas de investigación y se recolecten las pruebas necesarias para esclarecer el caso.
Según la Fiscalía, Laudelina Peña habría sido la autora intelectual del plan, encargada de planificar y guiar el encubrimiento. Bernardino Benítez, por su parte, habría propuesto el plan inicial, mientras que Mónica Millapi habría sido la encargada de capturar al niño, entregándolo posteriormente a su pareja, Daniel Ramírez. Carlos Pérez habría sido el responsable de trasladar a Loan en su vehículo fuera de la provincia, contando con la complicidad del comisario Walter Maciel, cuyo rol en el encubrimiento habría sido más relevante de lo inicialmente pensado.
Una de las líneas de investigación que se mantiene activa es la búsqueda de un mensaje de voz que podría contener información crucial sobre el paradero de Loan. Las autoridades confían en que este mensaje, aún no recuperado, podría revelar detalles determinantes sobre lo que ocurrió con el niño.
Mientras tanto, el Juzgado Federal de Goya, a cargo del caso, se encuentra en el centro de la polémica por denuncias de vaciamiento de personal. Según trascendió, se habría producido una reducción del 30% del personal, afectando gravemente su capacidad operativa. La jueza Pozzer Penzo ha manifestado en reiteradas ocasiones la escasez de personal, lo que limita la dinámica de la dependencia judicial.
Esta situación se agrava con la sobrecarga laboral que implica la investigación del caso Loan, sumada a las causas federales que el juzgado tiene a su cargo, muchas de ellas relacionadas con narcotráfico y trata de personas. A la falta de personal se suma la tensión existente entre la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (Uejn) Seccional Corrientes y la jueza Pozzer. El sindicato denuncia supuestos maltratos laborales por parte de la magistrada, lo que habría generado un clima de trabajo hostil y la solicitud de licencias por estrés laboral de empleados y de la propia magistrada.
Con la extensión del plazo de instrucción, los siete procesados permanecerán detenidos mientras se avanza en la recolección de pruebas. La jueza ha manifestado su compromiso de agotar todas las instancias investigativas para determinar el grado de responsabilidad de la desaparición de Loan.