Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este martes la detención inmediata de la ex presidenta. El pedido también alcanza a otros ocho condenados en la causa Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios como José López, Nelson Periotti y Raúl Pavesi.
La presentación judicial
La solicitud fue presentada pocas horas después del fallo del máximo tribunal, que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de la ex mandataria, dejando firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esta condena, dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y luego confirmada por la Cámara de Casación, fue considerada por los fiscales como insuficiente.
En su presentación, Luciani y Mola insistieron en que el daño causado al Estado fue de tal magnitud que la pena impuesta resulta “insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”. En su acusación original, ambos fiscales habían solicitado doce años de prisión al considerar a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita, figura que finalmente no fue incluida en la sentencia firme.
Contexto político y judicial
El pedido de detención ocurre en un momento de alta tensión política. El pasado 2 de junio, Cristina Fernández de Kirchner había anunciado su precandidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, en lo que fue interpretado como un intento por obtener fueros y evitar una posible detención. Sin embargo, tras el fallo de la Corte que la inhabilita perpetuamente, dicha candidatura quedó sin efecto.
A pesar de la confirmación de la condena, hasta ahora no se había emitido una orden de detención, y será el Tribunal Oral Federal N.º 2, el mismo que dictó la sentencia en 2022, el encargado de decidir si corresponde avanzar con el cumplimiento efectivo de la pena.
La causa Vialidad
El expediente investiga el direccionamiento irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. La investigación sostuvo que dichas obras fueron otorgadas en condiciones irregulares a empresas vinculadas a Lázaro Báez, especialmente Austral Construcciones, con contratos inflados, obras inconclusas y falta de controles.
Se trató de uno de los juicios más relevantes de la historia reciente de la Argentina, y el fallo de la Corte marcó un punto de inflexión al ratificar la responsabilidad de Cristina Fernández en delitos contra la administración pública.