La Justicia Federal del Chaco desbarató una de las redes más sofisticadas de evasión y lavado de dinero en la provincia, operativa desde al menos 2019, y cuyo epicentro era una maraña de cooperativas, fundaciones y vínculos con organismos estatales. La causa, conocida como Brilla, expone los lazos entre el contador Walter Antonio Pasko, el operador Fernando Adrián Ayala y el dirigente piquetero Ramón «Tito» López.
Una red con múltiples ramificaciones
Este jueves se realizaron allanamientos en distintos puntos de Resistencia y localidades del interior, en el marco de una investigación por asociación ilícita fiscal y lavado de activos. En el operativo fue detenido Fernando Ayala, señalado como brazo operativo de la estructura. En tanto, Walter Pasko —identificado como el cerebro financiero del entramado— se encuentra fuera del país y sobre él pesa una orden de captura internacional.
Las órdenes fueron libradas por el fiscal federal Patricio Sabadini, e incluyeron el secuestro de vehículos de alta gama, documentación, dispositivos electrónicos y armas. Uno de los puntos claves fue el edificio de la Av. Sarmiento 185, donde residía Ayala con su esposa. Según la investigación, allí se contaban grandes sumas de dinero en efectivo, incluso en presencia de menores, en escenas que recuerdan a las de la «Rosadita» durante el caso Báez.
El origen: una clave fiscal robada
La trama se destapó a fines de 2023, cuando un carnicero de Resistencia denunció ante la AFIP que su clave fiscal había sido utilizada para emitir facturas apócrifas por más de 60 millones de pesos. El nombre detrás del fraude era Walter Pasko, su asesor contable. El testimonio se replicó con al menos seis damnificados más, todos con un denominador común: Pasko les había gestionado trámites fiscales o monotributarios en el pasado.
Pasko, el contador de vida de lujo y empresas fantasma
Walter Antonio Pasko, chaqueño de bajo perfil pero vida ostentosa en redes sociales, aparece como el principal articulador de la red. Declaró ingresos mensuales de apenas $55.000 en 2020, pero acumuló propiedades, camionetas de alta gama y viajes al exterior. Su entorno más cercano, incluida su pareja Diana Daniel —empleada del IAFEP— y su familia, también está bajo investigación.
Bajo su órbita funcionaban empresas como Cooperativa Construir Más, La Reina del Norte SAS, Tercer Norte SRL, entre otras. Todas fueron señaladas por la AFIP como “usinas apócrifas”: facturaban millones sin empleados registrados, sin locales, ni insumos. Según la Justicia, estas sociedades servían para justificar gastos inexistentes y otorgar crédito fiscal espurio.
Fernando Ayala: nexo con Tito López y el rol de “Brilla”
Fernando Adrián Ayala, detenido durante los allanamientos, era colaborador directo del piquetero Tito López. Fue titular de cooperativas como La Solidaridad es mi Mundo y también manejaba, junto a su esposa María José Reinau, la peluquería Brilla, utilizada como pantalla para el desvío de fondos.
La pareja compró un departamento de USD 180.000 en pleno centro de Resistencia a la actriz Miriam Lanzoni. En las redes sociales, exhibían un estilo de vida acomodado que contrastaba con sus declaraciones fiscales.
Ayala y Pasko compartían sociedades y cuentas bancarias, como en el caso de Ricardo Hijos SRL. Solo la cooperativa de Ayala habría facturado más de $95 millones entre 2019 y 2022 sin justificación operativa.
El papel del IAFEP y la complicidad estatal
Uno de los pilares de la maniobra era el desvío de fondos públicos desde el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). Diana Daniel, pareja de Pasko y funcionaria del organismo, habría derivado «clientes» hacia su pareja para incluirlos en el circuito fraudulento.
Además del IAFEP, también figuran como entes receptores de facturación falsa el Ministerio de Infraestructura, el IDUV, el Ministerio de Gobierno y varios municipios como Napenay, Corzuela, Gancedo, Pinedo y Capdevila. Estos organismos habrían validado gastos inexistentes mediante comprobantes ficticios.
Una organización delictiva con fines claros
La Fiscalía sostiene que el objetivo era generar crédito fiscal ficticio, justificar el egreso de dinero público y blanquear su origen. Las penas previstas en el Código Penal por asociación ilícita fiscal y lavado de activos van de 3 a 10 años de prisión, con multas de hasta 10 veces el monto involucrado.
Walter Pasko sigue prófugo, mientras la causa avanza y se esperan nuevas detenciones. La investigación dejó al descubierto un entramado que conecta operadores políticos, estructuras contables y el uso de herramientas del Estado como engranaje del fraude.