El diputado provincial, Rubén Omar Guillón comentó este martes sobre la aprobación del proyecto que obliga a control toxicológico a los funcionarios públicos de Chaco. Sostuvo que “se busca brindar la total transparencia y tranquilidad”.
La Legislatura chaqueña aprobó la ley que establece la rinoscopía obligatoria para todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado.
La norma, que comenzará a regir plenamente una vez reglamentada, fija un plazo de dos meses para que autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos gobernador, ministros, jueces, fiscales, intendentes, concejales y organismos constitucionales, se sometan a este control, que luego será anual.
En este marco, el diputado justicialista sostuvo a Canal 5TV que “buscan garantizar la transparencia en el trabajo de los funcionarios”.
El legislador contó que el proyecto se venía trabajando desde hace mucho tiempo. “Lo pensamos por el bien común desde hace 10 años, se sometió a muchos debates, hubo voces a favor y otras no, pero logramos aprobarla la semana pasada”, afirmó.
Guillón argumentó que es un control toxicológico para determinar la ingesta de sustancias. «Una vez vigente la ley, se debe realizar cada año el Poder Legislativo, desde el Gobernador, todos los jueces, fiscales y los que forman parte del organismo constitucionales«, señaló.
«El costo del estudio lo debe pagar cada funcionario»
Asimismo, Guillón remarcó que cada funcionario debe abonar 92 mil pesos, sin embargo, por ley hay dos organismos habilitados, “El Laboratorio Central del Chaco y el Instituto Médico Forense del Poder Judicial, si alguien quiere hacerlo de forma privada, no hay drama”, explicó.
Qué pasa si da positivo
La ley prevé un mecanismo similar al que ya rige en las fuerzas de seguridad: reserva de identidad, notificación confidencial del resultado y ofrecimiento de acompañamiento estatal. Quienes den positivo podrán acceder a licencias especiales y a un proceso de rehabilitación voluntario.
«No se busca estigmatizar a nadie. Primero se garantiza la confidencialidad, luego se ofrece iniciar un proceso de rehabilitación. Si el funcionario acepta, se protegen sus derechos laborales», finalizó Guillón.