El informe detalla que el 35% del personal de la justicia de la provincia fue capacitado en materia de género y que desde la sanción de la Ley Micaela (2019), en Chaco se hicieron cuarenta y cuatro capacitaciones.
En el marco de la implementación de la Ley Micaela, Chaco es una de las siete provincias que reportó capacitaciones al personal de la justicia en materia de género. Este dato surge de un monitoreo realizado por la Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX, ABOFEM y CLADEM Argentina.
El informe detalla que el 35% del personal de la justicia de la provincia fue capacitado en materia de género y que desde la sanción de la Ley Micaela (2019), en Chaco se hicieron cuarenta y cuatro capacitaciones. La provincia vecina de Corrientes no informó el porcentaje de personal de la justicia capacitado, incumpliendo la Ley de Acceso a la información Pública.
“De las veinticuatro jurisdicciones, sólo siete (29%) cumplieron en tiempo y forma. Se trata de Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. Cuatro provincias (17%) no respondieron, guardando silencio luego de vencido el plazo, configurándose un incumplimiento total. Se trata de Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan”, señala el informe.
En cuanto al retraso en meses, Chaco fue la primera provincia que inició las capacitaciones, con solo cuatro meses desde que se promulgó la norma. Le siguen Santa Cruz, con una demora de seis meses y Mendoza, que tardó nueve meses. Por otra parte, las provincias que más demoraron en iniciar las capacitaciones al personal de la justicia son San Luis, con 21 meses de demora y La Rioja, con 24 meses de retraso.
Cabe destacar que en Chaco, el órgano de implementación es el Centro Judicial de Género, en colaboración con el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), que se ocupa de la organización de los dispositivos necesarios para el dictado, atención a los/as talleristas y certificaciones, entre otros asuntos.
En este sentido, las organizaciones participantes indicaron que dicho monitoreo para conocer “el cumplimiento de la ley Micaela en los Poderes Judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó con un pedido de acceso a la información pública en los términos de la ley nacional 27.275.” Aclararon que se enviaron dos notas por jurisdicción, “una dirigida a los Poderes Judiciales locales (Tribunales Superiores y/o Supremas Cortes de Justicia) y otra dirigida a los organismos de aplicación a nivel local (generalmente dependientes de los ejecutivos). La estrategia de doble presentación tuvo como objetivo obtener la información requerida por alguno de los dos medios.”
Hacia una Reforma Judicial Feminista
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tiene como objetivo transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes que cuestionen la desigualdad y la discriminación.
“Entendemos que la capacitación otorgada por la Ley Micaela al Poder Judicial, se constituye como oportunidad para incorporar la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso judicial, y en las sentencias, con el objetivo último de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias”, señalaron las organizaciones participantes del relevamiento.
En junio de 2021 se realizó el Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista (2021), donde participaron más de 6.000 personas pertenecientes a diversas organizaciones de la sociedad civil. “Aquí se manifestó fuertemente la falta de formación y perspectiva de género en todo el sistema judicial, constituyéndose como un obstáculo para el acceso a la justicia”, expresaron y agregaron que “es por ello que desde las organizaciones feministas que elaboramos el presente informe, reforzamos nuestro compromiso desde la sociedad civil, de monitorear el cumplimiento de la Ley Micaela e instar al Poder Judicial a que rinda cuentas a la sociedad, y sea transparente en su funcionamiento. Es fundamental la Participación Ciudadana,para democratizar el sistema judicial, mediante la utilización de mecanismos de rendición de cuentas, como fue este caso la solicitud de Acceso a la Información Pública”.