Según detallan en Casa Rosada, la idea es obviar cualquier acción que pueda leerse en clave de «proscripción» a la figura de la dos veces mandataria.
En la administración libertaria defienden la independencia de poderes, por lo que recibieron casi en silencio la decisión de la Justicia de ratificar la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos tras la investigación abierta por el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
«Somos muy respetuosos de los procesos judiciales, algo que le valió fuertes críticas a (Javier) Milei cuando en campaña evitó hablar de las causas en las que se investiga a la ex presidente», recordó ante la Agencia Noticias Argentinas una alta fuente con acceso al despacho presidencial.
Pasado el mediodía, Milei utilizó sus redes para publicar una breve comunicación que, consideran, resume la generalidad que en la gestión opinan sobre el tema: «Es culpable de actos de corrupción».
Si bien se trata de un mensaje condenatorio, el libertario ha sabido expresarse con mayor intensidad por otros temas.
«Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones», sostuvo el mandatario, y agregó: «Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidente. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción».
En la misma línea, en una entrevista a Radio Rivadavia, el mandatario se limitó a plantear que «se terminó la Argentina de unos pocos vivos en contra de la gran cantidad de los argentinos de bien». Y afirmó: «El que las hace las paga, no intervenimos en la justicia, liberamos las manos, y ahí está la sentencia».
Según detallan en Casa Rosada, la idea es obviar cualquier acción que pueda leerse en clave de «proscripción» a la figura de la dos veces mandataria.
De fondo, lo que se busca es impedir que se los asocie al «lawfare» que marcó a fuego al ex presidente Mauricio Macri con sus intentonas de probar la corrupción de la gestión kirchnerista, con Cristina Kirchner como objetivo principal.
«No cambia nada y no nos preocupa», plantearon al respecto sobre el fallo de este miércoles contra la ex mandataria, pese a que consideran que la condena podría impulsar su figura.
Para los libertarios, la ex mandataria «romantiza la fantasía de ir presa», con el ideal puesto en el desenlace que vivió el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente accedió a la presidencia.
Asimismo, reconocen que Fernández de Kirchner es hoy la única dirigente de la oposición que mide más del 30% en las encuestas, y aseguran que uno de los principales damnificados ante la potencial condena, sujeta a la decisión de la Corte Suprema, es La Cámpora.
Si bien se encargan de aclarar que no se trata de un proyecto que desvele al oficialismo, la Libertad Avanza y el PRO solicitaron el pasado martes una sesión especial para debatir el próximo miércoles el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.
De avanzar en la aprobación de la Cámara de Diputados la semana próxima y en marzo la del Senado, la ex mandataria se vería imposibilitada de ser candidata en 2025.
En paralelo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, negocia con el arco político para que el Congreso respalde los pliegos de los dos jueces que propuso el Presidente para ampliar la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Los recientes acontecimientos judiciales pueden cambiar la ecuación y facilitar la negociación con Unión por la Patria (UxP) que, apremiados por el futuro de su máxima referente, podrían declinar sus pedidos y respaldar las voluntades del libertario.
Ante este nuevo panorama, el Poder Ejecutivo evalúa convocar a sesiones extraordinarias para tratar el tema o, en última instancia, designarlos por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con la garantía de que el peronismo no apostará a rechazarlos.
«La Corte no puede quedar de tres. Nosotros mandamos los pliegos, ahora la responsabilidad es de los que no votaron», argumentaron en la Casa de Gobierno.