Para el abogado del fuero local, hay un momento clave que permite determinar los mayores vicios del proceso judicial contra la Vicepresidenta de la Nación, y se da cuando el administrador de Vialidad Nacional Javier Iguacel presenta en Comodoro Py una tercera denuncia penal por la obra pública en Santa Cruz.
¿En qué parte del largo proceso iniciado en 2008 está el eje de inconstitucionalidad en la denominada Causa Vialidad? Es el abogado del fuero local Gastón González, especialista en Derecho Administrativo, quien analiza y hace foco en datos claves que permiten conocer los vicios del proceso y entramado judicial que tuvo ayer martes condenas para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios y empresarios de la construcción imputados en esa causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
“Si una vez un juez se declaró incompetente, ahora no puede declararse competente en términos de aceptar una denuncia penal”, sostuvo el letrado en referencia al juez federal Julián Ercolini, quien es el que terminó impulsando la instrucción y elevando la causa que llegó a juicio oral y público contra la Vicepresidenta de la Nación.
Para el abogado chaqueño, que coincide con quienes apuntan a la inconstitucionalidad del proceso penal contra Cristina, el momento clave es “la tercera denuncia penal que presenta Javier Iguacel (titular de Vialidad Nacional) a fines de 2015 y es tomada por Ercolini”.
En diálogo, González hizo un repaso desde los orígenes de esta causa, y los momentos y protagonistas claves para entender la advertencia sobre la inconstitucionalidad del fallo y del proceso judicial.
“Un dato no menor es que sacaron una sentencia judicial en tiempo récord, con una celeridad inusitada; siendo que, si existe un servicio de los poderes del Estado que no tiene celeridad, es la justicia. En todos los fueros, el Poder Judicial tiene mucha demanda y demanda tiempo la resolución. En este caso, en cinco años sacaron una resolución y la leyeron antes del cierre de la feria. Es una condena política, no judicial”, advirtió.
Las denuncias presentadas y el derrotero judicial hasta el juicio
El repaso comienza en el año 2008, con la primera denuncia penal presentada por Elisa Carrió en la justicia federal de CABA (más conocida por el lugar donde funcionan los tribunales, que es Comodoro Py). “Recayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien se declaró incompetente”, recordó González, indicando que lo hizo por el contenido de la causa que refería a la provincia de Santa Cruz y no era competencia federal.
La exdiputada nacional denunció en aquella instancia a Néstor Kirchner, a funcionarios de su gobierno y a empresarios de la construcción por “asociación ilícita, poniendo el foco en que estaba relacionada con el manejo de la obra pública en Santa Cruz”.
Años después, en el 2013, la entonces diputada de la Coalición Cívica-ARI Mariana Zuvic presentó una nueva denuncia penal ante la justicia provincial de Santa Cruz. “La justicia toma la causa y, en primera y segunda instancia, sobresee a los imputados por falta de pruebas. Con una particularidad: en la primera denuncia penal (en 2008, ante la Justicia Federal) no estaba Cristina. Pero ya en 2013, luego de la muerte de Néstor Kirchner, la imputan en esta segunda denuncia penal ante la justicia santacruceña”, marcó el letrado.
El sobreseimiento de todos los imputados en esa segunda causa, ya en el fuero provincial de Santa Cruz “es cosa juzgada, porque el pronunciamiento se dio en instancia ordinaria y en la alzada (segunda instancia)”, subrayó.
El recuento de los hechos continúa a fines de 2015, con la asunción al gobierno nacional de Mauricio Macri: “El primer acto de gestión de Javier Iguacel (titular de Vialidad Nacional) es ordenar una auditoría sobre las obras públicas licitadas solamente en la provincia de Santa Cruz. De esa auditoría surgen irregularidades administrativas, que no representan mayor gravedad en la cuestión de los gastos y de los fondos”, indicó González.
“A este informe de corte administrativo, Iguacel lo presentó ante la Justicia Federal de CABA como denuncia penal, que nuevamente terminó en el juzgado de Ercolini. El juez debería haber rechazado la denuncia porque había cosa juzgada en base al principio constitucional que establece que no se puede juzgar a la misma persona dos veces, por el mismo hecho. Y acá había cosa juzgada con una sentencia de primera y segunda instancia. Y si no, debería haberse declarado incompetente nuevamente”, explicó.
El eje de la inconstitucionalidad de la causa, como lo advierten muchos especialistas entre quienes está González, radica en que el juez Ercolini “toma la denuncia penal, instruye la investigación y avanza. Pero el juez, en su instrucción, nunca dictamina una auditoría de corte judicial, sino que lleva adelante la investigación con un informe de corte administrativo. Y en muy poco tiempo eleva la causa a juicio oral”, resaltó.
“De las 51 obras públicas que se licitaron en Santa Cruz, donde salió adjudicada la empresa Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez, solamente se auditaron tres obras. El período probatorio y de gobierno en el que se establecen la licitación y adjudicación de la obra pública en Santa Cruz es de casi 10 años. Ahí se otorgaron esas 51 obras. Y en las tres auditadas no surgieron desmanejos, fraguación de documentación o fraude en el sorteo de los sobres licitatorios”, enfatizó el abogado. Sin embargo –acotó- el juez Ercolini “cerró y elevó a juicio oral y público”, marcando que todo este proceso hasta acá fue “irregular”.
Continuando con el recuento de hechos, González indicó que en 2016 y 2017 avanza la instrucción de la causa por la obra pública. “Cuando se eleva a juicio, todos los medios de comunicación masivos sólo pasaron el auto de instrucción de la Fiscalía (la acusación). No así el alegato y la defensa de Cristina Kirchner. Todo aquello se resume en la frase de la vicepresidenta ‘a mí ya me absolvió la historia’. Pero en realidad, durante este proceso y en la defensa de Cristina, ella aportó pruebas, se defendió y nunca, ningún medio de comunicación, difundió parte de esta defensa”, marcó el letrado.
Desde entonces, la causa entró en un período de letargo, hasta el año 2019. “En el sorteo del tribunal que atendería el juicio oral y público, el doctor (Carlos) Beraldi –abogado defensor de Cristina Kirchner- solicitó participar. La Cámara de Casación (integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) le niega esa participación”, recordó, indicando que finalmente el tribunal seleccionado en aquel sorteo fue el integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.
Tras esa designación del tribunal oral federal que juzgaría a la vicepresidenta, González recordó que se conocieron detalles sobre quiénes eran los magistrados: “El fiscal que acusa y el juez que juzga juegan al futbol juntos; y que Hornos y Borinsky (los camaristas), en la presidencia de Macri lo visitaban y jugaban al pádel con él. Ellos son quienes deberán resolver si se apela la apelación a la sentencia”, resaltó y fue terminante: “Por mucho menos, cualquier otra causa, de cualquier fuero judicial, debería anularse y revisarse”.
Similitudes con el caso Lula
González también comparó lo que ocurrió con este camino judicial de Cristina Fernández con el juzgamiento al electo presidente de Brasil Lula da Silva. “Lula fue condenado y estuvo preso. Lo liberaron en el momento en que se descubrieron vínculos promiscuos entre el fiscal y el juez Sergio Moro que lo encarceló”, recordó.
Así, en el caso de la vicepresidenta, advirtió: “Tenemos un gran problema sobre el Poder Judicial y sobre el proceso puntual de Cristina, porque no están garantizados el debido proceso ni el derecho de defensa, ni la transparencia ni la imparcialidad”.
En esa línea, dijo que “la declaración de inconstitucionalidad del proceso penal contra Cristina radica en la tercera denuncia penal que presenta Javier Iguacel en 2015 y es tomada por Julián Ercolini. Ahí está la clave fundamental para discutir la constitucionalidad”.
“En el análisis de la constitucionalidad, es muy grave todo lo que está pasando”, refirió, dando cuenta del incumplimiento de preceptos básicos como legalidad de los actos, convencionalidad, debido proceso, derecho de defensa, y otros principios básicos que rigen el derecho.
Además, en sintonía con lo planteado por el gobernador del Chaco Jorge Capitanich, el abogado marcó que las obras públicas que formaron parte de las denuncias, estaban contempladas en las leyes de presupuesto votadas por el poder legislativo. “Los procesos licitatorios cumplieron con todas las etapas que el procedimiento administrativo demanda”, sostuvo, y enfatizó así que “el Poder Judicial no puede hacer responsable a un Presidente de la votación de un presupuesto”.
“La causa tiene irregularidades procesales – como plantea el doctor (Daniel) Erbetta, miembro del Superior Tribunal de Santa Fe- y muestra que, en el alegato final de la fiscalía, Luciani incorpora el delito de administración fraudulenta, cuando vio que por asociación ilícita no alcanzaba para imputar a todos los autores. Es algo que no se puede hacer porque el alegato final es para ampliar las pruebas o defenderlas. No se puede cambiar la carátula de la causa y agregar la calificación del delito. Sin embargo, los jueces le permitieron hacer eso y cuando Cristina quiso defenderse de esa nueva calificación del delito, no se lo permitieron”, recordó. Fue entonces el hecho que derivó en un alegado informal de la vicepresidenta transmitido a través de sus redes.
Las condenas
González recordó que, de los delitos tipificados en la causa, por asociación ilícita fueron absueltos todos los acusados, y que la vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta contra la administración pública, con una inhabilitación perpetua y especial para ejercer cargos públicos. “Queda claro que, una vez más, la persecución judicial y mediática busca proscribir a nuestros líderes populares”, enfatizó.
Colocando la sentencia en un contexto político regional, el letrado advirtió sobre “el temor (para un sector de poder) por la avanzada del progresismo tras consagrarse Lula como presidente en Brasil y una posible vuelta de Cristina a la presidencia de Argentina”. Por eso habló de “una condena estrictamente política y no judicial”.
Lo que viene tras el fallo
Por último, González planteó: “Cómo podemos pretender que esté garantizado el debido proceso, si el fiscal y el juez que juzgaron a Cristina en primera instancia juegan al futbol juntos, algo que en la Justicia no puede pasar. Y que también en la instancia avanzada, que es Casación, el proceso también está viciado porque los camaristas Hornos y Borinski hicieron visitas cotidianas y participaron de juegos de pádel con el expresidente Macri, que es parte interesadísima en que se juzgue a Cristina”.
“Uno nunca pierde la fe en la Justicia, pero no puede mantenerse con esta Casación. Y todo esto se agrava si, en segunda instancia, se confirma la sentencia judicial y llega a una Corte Suprema totalmente signada por la política, que tiene dos miembros designados por decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, y que además uno de esos miembros fue asesor del Grupo Clarín. Si nos ponemos a ver las instancias que quedan, no traen mucha fe”, concluyó.
