El Gobierno llamó oficialmente para el 16 de marzo al Consejo del Salario para discutir un nuevo piso de ingresos en el sector formal, en la actualidad de 33 mil pesos. Lo hizo a través de su publicación en el Boletín Oficial.
Cómo relató este diario, la negociación entre el Estado, las cámaras empresarias y las centrales obreras se dará bajo la premisa de que la administración de Alberto Fernández aceptará mantener abierta de manera permanente la instancia para garantizar que los eventuales acuerdos alcanzados ese día puedan someterse a una revisión apenas la inflación amenace con licuar los incrementos. De este modo, el posible entendimiento no tendrá una fecha precisa de caducidad.
Las deliberaciones tendrán como marco la pretensión del Ejecutivo de aplicar para esta instancia la pauta de 40% de aumentos (daría un nuevo mínimo de 46 mil pesos) que busca extender en las paritarias de los sectores privado y público.
Con la salvedad, explicitada a Ámbito por un ministro del gabinete económico, de que será un compromiso oficial no dar por concluidas este año las discusiones sino sostener en funcionamiento el espacio de diálogo para utilizarlo las veces que fuese necesario. El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió en 2021 en dos oportunidades por primera vez en la historia reciente para determinar una suba total de 52,7 por ciento.
El piso salarial, años atrás clave para orientar otras discusiones paritarias, los ajustes en el sector informal y como referencia de diversos tipos de contrataciones, en la actualidad tiene su principal impacto en el valor de los planes sociales que paga el Gobierno. Se trata del denominado “salario social complementario” que equivale a la mitad de un sueldo mínimo así como el valor del subsidio REPRO que abona el Ministerio de Trabajo a las empresas en crisis, entre otros programas.
El Gobierno intentará convencer a las centrales obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) y a las cámaras patronales (industria, comercio, la banca, el agro y los servicios) de la conveniencia de su pauta con revisiones garantizadas. En los gremios, no obstante, impera la desconfianza por un panorama económico todavía incierto para lo que resta del año. Sobre todo, por la falta de acuerdo formal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por las eventuales derivaciones en la economía doméstica del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
La pauta de 40% que blanqueó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había surgido de un cálculo del oficialismo asociado al 33% de inflación que había proyectado el Gobierno en su Presupuesto 2022, sin sanción parlamentaria por negativa de la oposición. El número para los aumentos se planteó como una instancia superadora de ese eventual aumento del costo de vida, siempre bajo la consigna de que los sueldos deberán ganarle a la inflación. Esa expectativa choca, sin embargo, con las proyecciones de las consultoras que releva el Banco Central que esperan para este año una suba de la inflación en torno del 55%.
De momento el oficialismo exhibe el cierre de la paritaria nacional docente con 45,5% de aumento y revisión en septiembre, y alegan que respeta la pauta sugerida por Moroni porque contiene un plus de algo más de un punto porcentual por el rezago que sufrieron los sueldos de los educadores el año pasado contra la inflación, y otros cuatro puntos de recuperación del poder adquisitivo. Además la federación de Aceiteros pactó para este año un 39% de aumento con revisión, y la Asociación Bancaria corrió hasta marzo la negociación global para este año que debía arrancar en enero a cambio de sumas fijas por los dos primeros meses del año. En enero pasado, una familia de cuatro miembros necesitó de 78.624 pesos de ingresos para no ser pobre.