La Procuración del Tesoro de la Nación reabrió un sumario administrativo para determinar la posible existencia de irregularidades por parte de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el fallido acuerdo de pago de deuda del Correo Argentino con el Estado, en el trámite de la quiebra de esa empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, informaron este lunes fuentes judiciales.
La decisión de reabrir el sumario administrativo fue del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien revocó «con fundamento en su ilegitimidad» una resolución de la anterior gestión del organismo del 3 de mayo de 2018, que lo había clausurado porque se concluyó que no hubo irregularidades imputables a agente alguno, según el texto al que tuvo acceso Télam.
Esa resolución clausuró el sumario al concluir que no se habían registrado irregularidades imputables a agente alguno en el trámite de ese acuerdo, alcanzado durante la presidencia de Mauricio Macri, y que sin embargo fue objetado por la fiscal de la causa de la quiebra, Gabriela Boquin, quien lo calificó como «ruinoso» para el Estado.
La propuesta de acuerdo suscripto entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional a través del exMinisterio de Comunicaciones se presentó en el juzgado que lleva adelante el proceso de quiebra, pero no prosperó luego del dictamen fiscal que lo consideró «perjudicial» para el erario público.
Al abrirse el sumario, se dispuso una «auditoria integral respecto de la actuación de los representantes del Estado» en la causa judicial por la quiebra, pero el resultado de aquella supervisión -realizada por la Procuración del Tesoro en 2018- fue que no hubo «delito alguno».
Ahora el sumario quedó reabierto luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara a mediados de este mes un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el cierre del expediente, por haberse vulnerado su derecho a ofrecer prueba.
«Este organismo coincide con lo señalado en la sentencia», se explicó en la resolución de la Procuración, «en el sentido de que los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva».
«El procedimiento que precedió al dictado de la resolución 2018-40-APN-PTN (que clausuró el sumario en 2018) se encuentra viciado, circunstancia que incide en uno de sus requisitos esenciales de validez», agregó Zannini en la resolución de reapertura.
El sumario se abrió en 2017 en la Procuración del Tesoro a pedido de la PIA, que requirió que «se esclareciera la posible comisión de irregularidades en el trámite asignado a una propuesta de acuerdo entre la concursada (Correo Argentino SA) y el Estado Nacional».
Este acuerdo, gestionado durante el mandato presidencial de Macri, quedó sin efecto por orden judicial y su aceptación hubiera derivado en un «significativo perjuicio para los intereses del Estado», advirtió entonces la PIA, en base al dictamen de la fiscal Boquin.
Durante el gobierno de Cambiemos, el Estado aceptó una oferta del grupo Socma (Sociedades Macri) para abonar en 15 cuotas la deuda por el canon correspondiente, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquin determinó que era ruinoso.
Por la gestión de ese acuerdo hay una causa penal que tramita en los Tribunales Federales de Retiro, a cargo del juez Ariel Lijo, un aspecto que fue tenido en cuenta por la Procuración.
«Resulta relevante la existencia de una causa penal en trámite» en la cual «se investigan hechos que prima facie guardan vinculación con los que deben ser objeto de esclarecimiento en sede administrativa», sostuvo la resolución firmada el 22 de marzo pasado y conocida hoy.
Ante ello, y «sin perjuicio de la independencia entre las eventuales responsabilidades de carácter disciplinario y penal, la existencia de una investigación penal por hechos relacionados con los que dieron lugar al sumario ordenado» impone «actuar con extrema prudencia antes de disponer la clausura de las actuaciones sumariales», se argumentó en la decisión de la Procuración.
Zannini dio intervención a las Direcciones Nacionales de Sumarios e Investigaciones Administrativas y de Asuntos Judiciales del organismo.
La quiebra de la empresa de la familia Macri tramita desde 2001 en la Justicia Nacional en lo Comercial.
En primera instancia se declaró la quiebra, pero este fallo está apelado ante la Cámara del fuero.
El Correo Argentino SA está controlado por Socma, grupo empresario que tiene entre sus accionistas a hermanos y sobrinos del exmandatario.
La jueza comercial Marta Cirulli había decretado el 5 de julio pasado la quiebra del Correo Argentino SA tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero «no abarcaba el valor actual de la misma».