El Gobierno puso en marcha hoy el Programa de Fortalecimiento Federal para la Promoción del Trabajo Decente, enmarcado en el objetivo de garantizar la «inclusión laboral y la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la prevención de la violencia y acoso en el mundo del trabajo».
A través de la Resolución 485/2023, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo lanzó este programa, que también busca «fomentar la creación y/o el fortalecimiento técnico de las áreas orientadas a la promoción del trabajo decente en el sector gubernamental a través del acuerdo con las autoridades provinciales en el marco del Consejo Federal del Trabajo».
La iniciativa tiene por objeto «promover la articulación y coordinación de sus prestaciones con otras políticas, acciones o programas nacionales, provinciales, municipales que tengan objetivos similares o complementarios», según señalan sus considerandos.
El programa apunta a «institucionalizar las acciones impulsadas por las carteras laborales provinciales, ampliar las prestaciones y promover la cooperación técnica entre las áreas provinciales orientadas a la promoción del trabajo decente mediante proyectos de acción directa».
Al fundamentar la medida, el Gobierno señaló que «el trabajo infantil constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, que obstruye el desarrollo infantil y contribuye a perpetuar la pobreza de una generación a otra», además de «impedir la movilidad social basada en la educación y escolarización adecuadas».
Así, la cartera laboral apunta a «acompañar y asistir a los gobiernos locales en la implementación de acciones orientadas a la promoción del trabajo decente, a nivel regional y sectorial», y «brindar asistencia económica a los organismos públicos provinciales para fines específicos».
Según la resolución, que tiene la firma de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, que depende de la Secretaría de Trabajo, será la autoridad de aplicación de este programa y «estará facultada para dictar las normas complementarias y reglamentarias, como así también para suscribir los convenios necesarios para su implementación».
«Los gastos que demande la implementación del programa serán atendidos con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente» del Ministerio de Trabajo, se indicó en la norma.