El entorno familiar de la víctima sostuvo «todo el mundo sabía» de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos, pero hicieron nada para evitar el asesinato.
El crimen de Aralí Vivas, la nena de 8 años que fue asesinada y quemada en la localidad de Brinkmann, provincia de Córdoba, puso la mira nuevamente en el accionar de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) respecto a la protección de los menores y la falta de seguimiento que se hace en los casos tras graves denuncias.
Por el caso se encuentran detenidos el padrastro Matías Ezequiel Simone, su amigo Cristian Hernán Varela – ambos acusados por homicidio simple – , y la madre de la menor, Rocío Milagros Rauch, imputada por homicidio calificado por el vínculo en calidad de partícipe necesario por su «omisión de cuidado».
Durante los últimos días, varios familiares de Aralí advirtieron sobre las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos y cuestionaron la falta de accionar de la SENAF, por permitir la revinculación Rocío con sus hijos tras haberle sacado la tenencia en dos oportunidades por denuncias de violencia.
Nazarena, tía materna de la nena, contó que, pese a que la SENAF estaba al tanto de las adicciones de Rocío y de que «era un hogar que era peligroso para los niños”, accedieron a la revinculación. “Nunca hicieron un seguimiento a ver si realmente ella estaba bien, si realmente se había recuperado, si los chicos vivían en un lugar sano, si se bañaban, si iban al colegio…”, criticó.
Según Omar Rauch, abuelo materno de Aralí, sostuvo que Rocío «fue sometida a una serie de estudios y pericias de los especialistas antes de que le devuelvan los niños». Al respecto, el fiscal Oscar Grieco confirmó que a principios de julio de 2024 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) le comunicó al juzgado de familia que Rocío Milagros Rauch y Matías Ezequiel Simeone estaban «aptos» para la revinculación tras someterse a tratamientos por sus adicciones.
Betiana Heredia, prima hermana de Rocío, aseguró que «todo el mundo sabía» de las condiciones en las que vivían la nena y sus cinco hermanos antes de la tragedia: «Era un ambiente donde había maltratos, donde había peleas, donde había discusiones, consumo de droga, consumo de alcohol, fiestas».
La Secretaría de la Niñez de Córdoba se defiende de las acusaciones
Tras la polémica, la Municipalidad de Brinkmann emitió un comunicado en el que aseguraba que «siempre acompañó las necesidades de los niños afectados, pese a no compartir decisiones que se tomaron en otros organismos».
La SENAF de Córdoba informó que se abrió un sumario interno para establecer posibles responsabilidades pero al mismo tiempo se desligó del tema al sostener que la última palabra en las revinculaciones la tiene la Justicia.
«Nosotros no trabajamos solos, sino en articulación con la Justicia que es la que tiene lo que se denomina ‘control de legalidad de las decisiones’ que toma la SENAF. La Justicia lee los informes y los dictámenes que producen los equipos técnicos de SENAF y después el juez o la jueza encargada de la causa lee esos informes, es encargado de analizarlos con sus propios equipos. También interviene el asesor que tiene la obligación de ley de leer esos informes y de entrevistar a los niños sujetos a la medida”, sostuvo la titular del organismo, Julia Reartes.
“Nosotros no hemos pasado la responsabilidad a nadie, solamente estoy explicando cómo funciona el sistema que está parado en esta corresponsabilidad de los distintos actores y funcionarios públicos”, agregó en una entrevista con Cadena 3.
Reartes no quiso hablar puntualmente sobre el caso de Aralí, pero si dio a entender que la SENAF no es cien por ciento responsable del sistema de protección integral de derechos de los niños, sino que «hay diversos actores» que intervienen en el proceso.
La funcionaria aseguró que que el sistema «está basado en un mecanismo de corresponsabilidad donde hay diversos actores que intervenimos, la SENAF es uno de ellos». «Todas las intervenciones que hace la secretaría ligadas a situaciones de vulneración de derechos se inician a partir de llamadas a la línea 102, o bien recibimos oficios judiciales, también llamados de la línea 911”, dijo.
A eso le agregó que «el sistema escolar, el sistema de salud, la policía y la comunidad son quienes propician de alguna manera los primeros indicadores y llamados de atención respecto de estas situaciones».
Cómo fue la revinculación de Aralí y sus hermanitos
El fiscal Oscar Gieco detalló que el 3 de julio de este año la SENAF le comunicó al juzgado de familia de Morteros que la familia estaba lista para revincularse.
«El juzgado de Control y Violencia Familiar de Morteros mediante auto número 107 del 29 de agosto ordenó el cese de la medida excepcional de protección de los menores, a pedido de la SENAF, que lo efectuó con fecha 3 de julio. En base a los informes, cesa la medida excepcional de protección de los menores toda vez que esta gente (por Simeone y Rauch) convivían en una localidad de Santa Fe y en marzo habían regresado a vivir a Brinkmann», expresó Gieco a Radioinforme 3.
Y añadió: «A partir de ahí, el grupo familiar se restablece y conviven todos allí. Están los informes en el mismo auto del juzgado. La madre presenta un informe que dice supuestamente que se había rehabilitado, mientras que el padrastro había hecho algún tratamiento psicológico, ambos dijeron que estaban en condiciones de reintegrar el grupo familiar».