Hernán Bustos Rivas, de la UFI N°5 de Florencio Varela, aseguró que sufrió “violencia moral”, lo que compromete su capacidad de mantener la “objetividad e imparcialidad”.
A diez días del brutal crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes que fueron encontrados muertos en un descampado de Florencio Varela, el fiscal Hernán Bustos Rivas, de la UFI N° 5, pidió apartarse de la investigación y aseguró que sufrió “intimidación y amenazas” por parte de los abogados de los familiares de las víctimas.
En el documento de 7 carillas al que accedió TN, el titular del Ministerio Público Fiscal de esa localidad requirió excusarse de la causa. Lo hizo ante el juez de Garantías, Adrián Villagra, basándose en distintos fundamentos.
Por un lado, sostuvo que tomó la decisión debido a la “intimidación y amenazas” que habría sufrido por parte del abogado de la madre de Josué, Carlos Diéguez. Según su pedido, el letrado lo presionó para aceptar su hipótesis delictiva y amenazó con consecuencias laborales y exposición mediática.
El fiscal argumentó que estas acciones generaron una «violencia moral» que compromete su capacidad de mantener la «objetividad e imparcialidad» necesarias para la investigación, afectando su “equilibrio espiritual y generando temor por su función y carrera judicial”.
“Nunca vi algo igual en mis 42 años en el sistema penal. El abogado se presentó en mi despacho a amenazarme con consecuencias laborales si no aceptaba su hipótesis delictiva, si no separaba a la policía bonaerense de la investigación y que tenía como aval los medios, el Senado, la Procuración y demás actores del ‘poder’ para finalmente lograr su objetivo”, aseguró.
Para Diéguez, los asesinatos no se basaban en cuestiones de inseguridad, sino que eran puntualmente una cuestión derivada de “narcomenudeo”, detalló el fiscal entre los fundamentos. “Podría haberlo incluido en una nueva línea investigativa sin problemas. Sin embargo, el letrado comenzó a realizar manifestaciones respecto a mi función”, agregó.
“Reitero mi total asombro, sorpresa y también temor ante el accionar del mencionado letrado, más aún cuando resulto ser un magistrado de la Provincia de Buenos Aires con 42 años de trabajo, de los cuales los últimos 18 años he sido fiscal de intachable trayectoria”, manifestó.
En consecuencia, el funcionario se amparó en el artículo 47, inciso 13, del Código Penal, para solicitar su apartamiento del caso. En las próximas horas se deberá sortear una nueva fiscalía.