Editorial Noticias Data
El reciente caso ocurrido en el barrio 1.000 Viviendas de Resistencia vuelve a poner sobre la mesa una problemática que nos duele como comunidad: la vulneración de los derechos más básicos de los niños y niñas.
Una menor de apenas 8 años denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un quiosquero de 48 años, quien fue detenido tras la intervención de la Comisaría 14ª Metropolitana y la disposición de la fiscal en turno, Ingrid Wenner. El hecho habría ocurrido en un contexto cotidiano, cuando la niña fue enviada por su madre a comprar al kiosco frente a su casa.
Lo que debería haber sido una situación simple y segura terminó convertido en una pesadilla. La niña regresó llorando y con miedo, relatando que el hombre la habría abrazado, la hizo entrar a su vivienda y la tocó en sus partes íntimas. La inmediata reacción de la madre, la denuncia y el accionar policial fueron claves para detener al sospechoso e iniciar la investigación.
Pero más allá del proceso judicial, este caso nos interpela como sociedad. Nos recuerda que los abusos contra la infancia no siempre se dan en la oscuridad, sino muchas veces a plena luz del día, en entornos que deberían ser de confianza. Nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar la prevención, la educación en derechos y la creación de espacios de contención para víctimas y familias.
El abuso sexual infantil es una de las formas más crueles de violencia. Silencia, marca y destruye confianzas básicas. Y es, sobre todo, un delito que debe ser enfrentado con políticas públicas firmes, justicia efectiva y un compromiso social que no se reduzca a la indignación del momento.
Hoy, más que nunca, debemos entender que proteger a la niñez no es tarea exclusiva de la Justicia o de la Policía: es responsabilidad de todos.