Cuatro presidentes se suman a campaña internacional de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner

En un texto conjunto, los mandatarios remarcaron que existe una «persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».

Los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) manifestaron hoy su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el intento de asesinato que sufrió el jueves 1 de septiembre y condenaron «la injustificable persecución judicial» contra la exmandataria, como parte de «una campaña mundial de solidaridad» lanzada por la Internacional Progresista (IP), una organización que reúne a espacios políticos de varios países.

En un texto conjunto, los mandatarios remarcaron que existe una «persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal».

«El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido», sostuvo la declaración de estos jefes de Estado.

«En otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política. Entre ellas, la denominada ‘Causa Vialidad’ resulta emblemática. Allí el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa», afirmaron los mandatarios.

«Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas», recordaron.

Y manifestaron su «más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos».

Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se sumó a esta campaña al expresar su «solidaridad absoluta con Cristina y el pueblo Argentino por este cobarde atentado contra una mujer que ha llenado de orgullo a la Patria Grande por su lucha incansable en favor de los más necesitados».

«!Qué el Mundo reaccione!», exhortó el expresidente del Ecuador

En tanto, los integrantes de IP emitieron hoy una declaración en la que condenan «la guerra legal que se libra ahora contra Cristina Fernández de Kirchner» al sostener que «esta semana, Fernández de Kirchner se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende meterla en la cárcel durante 12 años y prohibirle la actividad política. Ha negado enérgicamente las acusaciones, argumentando que son una forma de guerra legal dirigida contra las fuerzas progresistas de Argentina».

«El 1 de septiembre, el mundo vio con horror cómo la pistola de un presunto asesino falló al disparar a quemarropa contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los medios de comunicación llaman al asesino ‘loco suelto’. Sin embargo, sus acciones violentas forman parte de una campaña más amplia de persecución que no sólo apunta a Cristina, sino a todos los proyectos de poder popular en Argentina y en toda América Latina», añadió el texto que anuncia el lanzamiento de esta campaña.

Y reseñó también que «esta semana, la Vicepresidenta se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende llevarla a la cárcel durante 12 años e impedir que un gobierno popular llegue al poder en Argentina el próximo año».

«No se trata solamente de estigmatizar, confundir, a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas», dijo Cristina. Van más allá. Protegen a los que verdaderamente roban en el país. Por eso la Internacional Progresista lanza una campaña de solidaridad con Cristina y el pueblo argentino», afirmaron los mandatarios.

Además, el texto difundido por la IP sostuvo que «la derecha antidemocrática de la región utiliza tácticas de guerra legal para acosar, perseguir e inhabilitar a los principales líderes y lideresas progresistas de los gobiernos nacionales y populares de América Latina. Las intervenciones militares directas y los golpes de estado violentos se han cambiado cada vez más por la guerra legal, junto con la connivencia de los medios de comunicación corporativos, para atacar a líderes y lideresas políticas que no sirven a los intereses de la clase dominante y del modelo neoliberal».

En ese sentido, agregó que «la constante persecución judicial que ha sufrido» Fernández de Kirchner «pone en riesgo la vida democrática del país».

«Ese es el verdadero objetivo de la guerra legal que hoy vemos en toda América Latina: la judicialización de la política para atacar y descalificar a líderes y lideresas progresistas como Manuel Zelaya, Rafael Correa, Fernando Lugo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Álvaro García Linera, Jorge Glas y actualmente Cristina Fernández de Kirchner», añadieron.

La declaración de IP lleva las firmas del Diputado Yanis Varoufakis (Grecia), Cornel West (los Estados Unidos), Aruna Roy (India), Baltasar Garzón (España) Diputada Leïla Chaibi (Francia), Ertuğrul Kürkçü (Turquía), Vijay Prashad (India), Alicia Castro (Argentina), Ahdaf Soueif (Egipto), Renata Ávila (Guatemala), Nikhil Dey (India), Yara Hawari (Palestina), Srečko Horvat (Croacia), Scott Ludlam (Australia), Nick Estes (Estados Unidos) y Niki Ashton MP (Canadá).