La denuncia, realizada por Roberto Mazzoni en el Senado, sobre una supuesta red de trata que involucraba al empresario Alejandro Roemmers y al directivo de River Plate, Matías Barreiro, aún no ha tenido impacto en el expediente judicial.
Mazzoni acusó al juez Ariel Lijo de archivar la causa sin solicitar pruebas. El equipo legal de Roemmers respondió calificando las acusaciones como «difamación» y destacando la falta de pruebas presentadas por Mazzoni. Aunque la causa fue archivada, se reabrió el 8 de julio para la presentación de testigos y pruebas.
La abogada de Mazzoni, Karina Bacci, señaló que la investigación está ahora en manos de la Fiscalía y que, a pesar de las múltiples pruebas solicitadas, ninguna ha sido producida. Además, mencionó que la intervención de Mazzoni en el Senado no ha tenido repercusión judicial.
La Cámara Federal, en una sentencia del 8 de julio de 2024, revocó la decisión del juez Lijo de archivar una causa sin realizar las pruebas solicitadas por la víctima. Ordenó que la investigación continúe antes de considerar un archivo. La Cámara consideró prematura la decisión de Lijo y destacó la insuficiencia de pruebas para justificar el cierre del caso.
Además, mencionó la existencia de denuncias similares y la presentación de la Asociación Madres Víctimas de Trata, que aludió a posibles conductas relacionadas. Dos jóvenes, temiendo por su vida debido a la implicación de personas poderosas, declararon que fueron drogadas en fiestas donde habrían participado los acusados.
La situación actual
La abogada Karina Bacci afirmó que la causa no está archivada, señalando que el juez Lijo ordenó su archivo de manera controvertida el 8 de mayo, justo después de que la Asociación de Madres de Víctimas de Trata presentara nuevas denuncias. La Cámara revocó esta decisión, y la investigación sigue en curso. Bacci destacó que se ha solicitado la producción de pruebas, y la Protex comenzará a investigar pronto.
Por su parte, los abogados de Roemmers comentaron que la Cámara rechazó las solicitudes de nulidad del juicio y la remoción del fiscal y el juez por falta de imparcialidad, y devolvió la causa al juzgado para evaluar a los testigos que Mazzoni presentó ante una asociación pero no en tribunales.
Afirmaron que Mazzoni prometió testigos que aún no han aparecido y alegaron que él ha intentado manipular el caso ofreciendo dinero para obtener testimonios falsos, recurriendo a la presión mediática cuando estas maniobras fallaron.
La denuncia
La denuncia judicial señala que los acusados supuestamente usaban su poder, dinero y drogas para someter a sus víctimas, organizando fiestas en un departamento en Palermo donde se prostituía a hombres y mujeres, incluidos menores de edad que eran drogados sin su consentimiento para ser abusados sexualmente. Mazzoni, quien afirmó ser una de las víctimas, inició una causa por abuso sexual.
Los abogados de Roemmers aseguran que no hay víctimas identificadas en la causa, ni siquiera Mazzoni, y que nadie ha presentado quejas sobre el comportamiento de Roemmers. Además, la denuncia menciona que un gimnasio, propiedad de uno de los imputados, era utilizado para reclutar «escorts masculinos» que luego eran explotados en la prostitución.
La querella
Aunque la denuncia de Mazzoni data de 2022, solo en mayo de 2023 se le aceptó como querellante. La abogada Bacci explicó que tuvieron que solicitar un pronto despacho para obtener una respuesta, ya que inicialmente no se le daba ninguna respuesta sobre su estatus. Una vez aceptado como querellante, Mazzoni había solicitado diversas pruebas que fueron ignoradas por el juez Lijo y la Fiscalía.
Bacci destacó que Mazzoni envió múltiples solicitudes de pruebas por correo, que deberían haber sido consideradas, pero a menudo recibía respuestas vagas o se ignoraban por completo. Según Bacci, esta falta de respuesta limitó la capacidad de avanzar en la causa, y no se dieron argumentos claros para rechazar las solicitudes de pruebas.