La Coordinación Integral de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, la secretaria itinerante en relación con la comunidad wichí Mirta Bejarano, fiscalías, el Juzgado de Garantías Multifueros, a Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes, defensoría oficial, policía y la Secretaría de Derechos Humanos desarrollaron intensas actividades ante la desaparición de Salustiano Giménez (16) el 12 de febrero de este año en la localidad de Misión Nueva Pompeya.
En tal sentido, la coordinadora Elizabet González explicó que el 20 de febrero, acordaron junto a Bejarano las acciones para acompañar y escuchar a las personas apostadas en el corte de ruta; además de mantener comunicación permanente con el fiscal de la causa y tener a disposición todos los recursos materiales y humanos disponibles.
El 21 de febrero, el comisario inspector Juan Carlos Sandoval, supervisor de Zona XXI solicitó colaboración a la coordinadora y pidió los contactos de los líderes y referentes indígenas. Ese mismo día encabezó un procedimiento en busca del joven desaparecido que complementa otras tareas desplegadas, entre las que se cuentan rastrillajes a cargo de baqueanos de la zona.
El 27 por la tarde, luego de un pedido efectuado por los familiares y líderes indígenas, arribó a Misión Nueva Pompeya una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos integrada por Emiliano Nuñez y Ernesto Charamonte, junto a Paula Toledo en representación de la Defensoría del Pueblo, quienes fueron acompañados por Bejarano al encuentro con los manifestantes. Allí recibieron una nota firmada y la Secretaría de DD.HH decidió constituirse como querellante.
Por otra parte la comunidad wichí solicitó la realización de actos procesales probatorios a lo que la fiscalía penal de investigación accedió con la premura del caso y concretó allanamientos junto al Juzgado de Garantías local, dos ruedas de reconocimientos de personas, testimoniales y declaración de imputado. Además, dio intervención a la División de Bomberos y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU) que participó con drones, canes especialmente entrenados y recursos humanos. Así mismo, una persona fue detenida a partir de la información aportada por los familiares y comunidad y las pruebas colectadas en la investigación.
De esta manera, la fiscalía dio especial atención a lo planteado por parte de la comunidad y de los familiares del joven desaparecido. Finalmente, el 28 de febrero, el procurador general Jorge Canteros informa que está en contacto con otros funcionarios para hacer efectivos los pedidos antes descriptos.