La Prefectura Naval Argentina detuvo hoy a dos funcionarios del Registro de la Propiedad Inmueble y de Catastro de la provincia de Corrientes, junto a otras cinco personas, acusados de una presunta estafa con venta de terrenos que había sido denunciada en la Justicia ordinaria, informaron fuentes oficiales. A través de una investigación orientada por la jueza de Instrucción 3 de Corrientes, Josefina González Cabañas, y la Fiscalía de Instrucción 6 a cargo de Gustavo Roubineau, la Justicia avanzó hoy con allanamientos y las detenciones de siete funcionarios, entre los que se encuentran la directora del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, María Eugenia Demetrio, y el director de Catastro provincial, Narciso Tofoletti.
Demetrio es escribana, su ámbito de función está bajo la órbita del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Gustavo Valdés y, a su vez, preside el Consejo Federal de Registros de Propiedad Inmueble de la Argentina. Junto con Tofoletti y las otras cinco personas detenidas, Demetrio está imputada en una causa que investiga una supuesta asociación ilícita que cometía estafas, falsedad ideológica e incumplimientos, entre otras figuras penales, indicó a Telam una fuente del caso.
Según corroboraron fuentes judiciales a Télam, las maniobras consistían en la inscripción de propiedades ubicadas en cercanías de la capital correntina, pero con títulos adulterados luego de operaciones económicas de venta.
Los imputados detenidos hoy, cinco mujeres y dos hombres, permanecen en dependencias de la Prefectura Naval Argentina y fueron citados a declarar mañana en los tribunales del microcentro correntino, desde donde podrían ser derivados de sedes policiales de la provincia. Por su parte, el Gobierno de la provincia ofreció su versión a través de un comunicado oficial distribuido en momentos en los que se realizaban tres allanamientos en forma simultánea en Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, ubicados en el centro de la ciudad de Corrientes.
En su versión de los hechos, el Poder Ejecutivo provincial indicó que los operativos desarrollados hoy «corresponden a la continuidad del proceso iniciado por las denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor de los mencionados organismos provinciales». «El hecho cuya investigación se promovió involucra el accionar de una escribana del ámbito privado, que intentó concretar la inscripción de inmuebles con los títulos de propiedad adulterada, y que aparentemente habían sido comercializados por la profesional», añadió el Gobierno de Valdés.
«El mecanismo fraudulento -agregaron- fue detectado por los organismos de contralor de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyas autoridades oportunamente recurrieron al ámbito judicial para que proceda a corroborar las infracciones y los posibles delitos que se habrían intentado cometer», añadió la administración provincial. E insistieron en que «las acciones generadas en la fecha son consecuencia de las denuncias generadas por los organismos de la provincia y se aguardan nuevas acciones similares hasta la determinación definitiva de responsabilidades en este tipo de procedimiento fraudulento, que no se ha concretado gracias a la intervención de los organismos de contralor de las mencionadas reparticiones provinciales».