La situación de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo atravesará horas decisivas la próxima semana, cuando la Cámara Federal de Mar del Plata decida si confirma al juez Martín Bava en el expediente y, a su vez, el magistrado resuelva si procesa al expresidente.
Los camaristas de Mar del Plata Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín tienen 48 horas hábiles para tomar una decisión luego de la audiencia de ayer, en la que escucharon a la defensa del expresidente pero, debido a que el próximo martes no es día hábil para la justicia por ser el día del trabajador judicial, ese plazo vencería el miércoles.
Al mismo tiempo, Mauricio Macri viajaría el lunes próximo a Arabia Saudita, luego de haber sido autorizado a emprender ese viaje por diez días por el juez Bava.
Los jueces pidieron a la defensa del expresidente elementos de prueba, como copia de la grabación de la declaración indagatoria a Macri el 28 de octubre último, suspendida en Dolores porque no estaba relevado de su deber de confidencialidad, el acta de esa audiencia, oficios y resoluciones de Bava en la investigación, entre ellas la que citó al expresidente a una nueva indagatoria, concretada el 3 de noviembre.
Con todo esto y luego de escuchar en la audiencia de ayer al abogado de Macri, Pablo Lanusse, pasaron a deliberar.
Por otro lado, el jueves próximo vencen los diez días hábiles fijados para resolver la situación procesal de Macri tras esa indagatoria, pero el juez Bava ordenó nueva prueba y podría además aguardar la decisión sobre el futuro del caso que tiene que tomar el Tribunal de Apelaciones marplatense.
Si el Tribunal separa a Bava del caso, la indagatoria del 3 de noviembre podría quedar sin validez porque el planteo de recusación se presentó dos días antes de ese trámite.
Si se diera este panorama, el rumbo de la pesquisa pasaría a ser definido por el magistrado que quede designado.
La Cámara ya rechazó una primera recusación del expresidente al juez, pero ante este segundo planteo resolvió pedir prueba y realizar la audiencia presencial con el abogado, a la que asistieron las querellas pero sin poder exponer.
Bava, por su parte, viajó ayer desde Dolores hasta Mar del Plata para asistir también, pero no se le permitió el ingreso por no estar previsto que el juez recusado exponga en este tipo de audiencias, según informaron fuentes del caso.
En la causa que investiga seis hechos de supuesto espionaje ilegal a familiares de 44 fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017, Bava ya procesó a los exresponsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros acusados, en una decisión cuya instancia de apelación es la Cámara Federal de Mar del Plata.
De la prueba que ordenó Bava a pedido de la defensa de Macri en la indagatoria del 3 de noviembre, la semana última declararon cuatro testigos en el juzgado: el exministro de Defensa del macrismo Oscar Aguad, el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andres, y los exjefes de la Casa Militar José Yofre y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati.
El juzgado resolvió además enviar pliegos de preguntas a la interventora de la AFI Cristina Caamaño y al diputado nacional Cristian Ritondo.
El argumento para citar a estos testigos es que el supuesto «espionaje» fue parte de la tarea de colaboración entre la AFI y la Casa Militar, que se encarga de la seguridad presidencial, de manera previa a las visitas que el exmandatario hacía a Mar del Plata.
La acusación al expresidente versa sobre seis hechos concretos de seguimientos a familiares de fallecidos en el submarino, entre ellos fotografiar a familiares durante misas de homenaje u otras circunstancias, o incluir en informes links de acceso a sus perfiles de Facebook.
Macri está imputado por haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y fines de 2018, a familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, hundido el 15 de noviembre de 2017.
Las tareas ilícitas habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
Fuente: Por Karina Poritzker publicado en agencia Télam.