El caso de los audios: el empresario Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia y entregó su celular

El presidente de la droguería Suizo Argentina era buscado por la policía desde el jueves pasado.

El empresario Jonathan Kovalivker, investigado en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este lunes en los tribunales de Comodoro Py y entregó voluntariamente su teléfono celular.

La Justicia lo buscaba desde el jueves pasado para secuestrarle el dispositivo. Finalmente, el empresario acudió junto a su abogado, Martín Magram, a la fiscalía que encabeza Franco Picardi, a cargo de la investigación. El aparato quedó en poder de la Policía de la Ciudad y será analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el bloqueo de las cajas de seguridad de los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, y de los empresarios Kovalivker: Jonathan, su hermano Emmanuel y su padre, Eduardo. El pedido fue elevado al Banco Central con el fin de evitar el retiro de posibles elementos de prueba.

La causa, iniciada hace apenas cinco días, apunta en esta etapa a reunir la mayor cantidad de pruebas posibles. Por ese motivo, ya se ordenaron allanamientos en los domicilios de los investigados, se secuestraron celulares y se retiraron computadoras de la Agencia de Discapacidad, tanto de funcionarios como de personal administrativo.

El viernes pasado, durante un operativo en Nordelta, Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba salir en su auto con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo. Su hermano Jonathan, en cambio, logró irse de su domicilio antes de la llegada de la Policía y se presume que vació una caja fuerte de su habitación. Desde entonces se encontraba en la mira de los investigadores, hasta que decidió presentarse hoy.

Cabe destacar que ninguno de los señalados en el expediente tenía orden de detención. La prioridad de la Justicia, por el momento, es impedir que se pierdan o destruyan pruebas clave para el avance del proceso.