Legisladores buscan que la ministra de Seguridad y el jefe de la SIDE aclaren su rol en la planificación de operativos y el uso de información sobre manifestantes.
El Congreso puso la lupa sobre el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tras la represión a la marcha en apoyo a los jubilados el pasado 12 de marzo. Diputados y senadores de Unión por la Patria solicitaron que la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) cite a la ministra Patricia Bullrich y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, para que expliquen el uso de información sobre manifestantes y su participación en la planificación de operativos de seguridad. El pedido se basa en declaraciones de Bullrich sobre Pablo Grillo, fotógrafo herido en la protesta, y en la supuesta intervención de la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reuniones previas a movilizaciones.
Las alarmas se encendieron cuando Bullrich vinculó públicamente a Grillo con sectores políticos, lo que generó sospechas sobre la existencia de bases de datos con información clandestina. La Ley de Inteligencia prohíbe la recolección de datos personales por razones ideológicas o políticas, lo que llevó a legisladores opositores a exigir explicaciones. En paralelo, el diario Clarín reveló que en una reunión del Ministerio de Seguridad para coordinar el próximo operativo de control de protestas participaron Neiffert y su segundo en la SIDE, Diego Kravetz, algo que la oposición considera una muestra de «inteligencia previa» ilegal.
La CBI ya había abierto una investigación en 2023 por denuncias de inteligencia ilegal en protestas anteriores. La Comisión Provincial por la Memoria advirtió sobre tareas de espionaje en manifestaciones, incluida una en la exESMA en diciembre. Además, el protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich contempla un registro de organizaciones que participan en cortes de calles, cuya legalidad está en debate judicial.
Mientras la Bicameral evalúa la citación de los funcionarios, Bullrich sigue sosteniendo que la marcha de jubilados fue organizada por municipios opositores y aseguró tener pruebas. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi le pidió que las presente y hasta el momento no hubo aportes a la Justicia. El abogado Claudio Pandolfi, especialista en seguridad, advirtió que fotografiar manifestantes sin orden judicial podría encuadrarse como inteligencia ilegal, ya que implica registrar actividades políticas sin justificación legal.