Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado.
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles en comisión la discusión del Presupuesto 2023 con la presentación formal que hará el ministro de Economía, Sergio Massa, quien explicará las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2 por ciento del crecimiento del PBI, un déficit del 1,9 por ciento y una inflación promedio del 60 por ciento.
Será el primer Presupuesto que se trata en la gestión de Massa que buscará con su estilo conciliador alcanzar los acuerdos con los bloques parlamentarios para que este año se apruebe la ley de gastos y recursos, luego de que se haya rechazado el año pasado.
Un dato distintivo que tendrá el debate será que vendrán a exponer además de los secretarios del Ministerio de Economía, la mayoría de los ministros y funcionarios de áreas estratégicos de la AFIP, Anses, Aduana y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, como pedía Juntos por el Cambio.
El bloque del Frente de Todos -que preside Germán Martínez- confía en que el perfil político de Massa permitirá alcanzar los acuerdos con los bloques provinciales y los radicales que manejan gobernaciones como Jujuy, Mendoza o Corrientes, para sancionar ese proyecto el 26 de octubre.
El oficialismo debe enhebrar consensos con bloques de la oposición ya que es la primera minoría y cuenta con 117 votos, con lo cual requiere de al menos una docena de votos para asegurarse una mayoría para aprobar en general y en particular esta iniciativa estratégica.
El esquema de tratamiento para la principal ley del año fue acordado el martes pasado en una reunión encabezada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con los bloques parlamentarios del oficialismo y la oposición.
Por lo pronto, el debate de la ley de gastos y recursos comenzará en la comisión de Presupuesto -que encabeza Carlos Heller- el miércoles a las 14 con la presentación de Massa, que hará en una reunión que se celebrará en el Salón «Delia Parodi».
Allí explicará los datos centrales proyecto de Presupuesto que contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento de la economía del 2 por ciento, una inflación promedio del 60 por ciento, y reducir el déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.
Un dato distintivo es que más del 65 por ciento de los fondos se destinarán a gastos sociales incluidos el pago de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones.
Tras la presentación de Massa, ese mismo día a las 16 los legisladores se trasladarán al Anexo C donde expondrán y responderán preguntas de los legisladores del oficialismo y la oposición todos los secretarios del Ministerio de Economía.
Se trata de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren; de Agricultura, Juan José Bahillo; y de Energía, Flavia Royon.
En caso de no poder completar todos los secretarios sus informes, se pasará a un cuarto intermedio hasta el jueves para completar las exposiciones de los funcionarios del Palacio de Hacienda.
En esa misma jornada está previsto también que brinden informes los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; de Aduana, Guillermo Michel, y de Anses, Fernanda Raverta, y posiblemente ese día o la semana siguiente el presidente del Banco Central, según informaron fuentes parlamentarias.
El turno de los miembros del Gabinete Nacional será el martes 4 de octubre y allí se presentarán los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Alexis Guerrera; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Salud, Carla Vizziotti, de Educación, Jaime Perczyk, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.
En caso de no poder concluir los ministros sus informes lo harán el jueves 6 de octubre que será la última reunión de la ronda de consultas, según el esquema diagramado por el oficialismo.
El debate entre los legisladores oficialistas y opositores se iniciará el martes 11 y se prolongará por lo menos hasta el lunes 24 cuando se firmará el dictamen de mayoría, y allí el Frente de Todos buscará tener cerrados los acuerdos que le garanticen sancionar el Presupuesto como sucedió cuando se votó la prórroga de impuestos que vencen a fin de año.
En esa ocasión, el FDT logró los 129 votos con el respaldo de 116 sufragios propios, cuatro de Provincias Unidas, ocho del Interbloque Federal y 1 el Movimiento Popular Neuquino.
Un tema que será debate central de la discusión del Presupuesto será la proyección de la inflación y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.
Para lograr ese objetivo se estima que se disminuirá un 0,6% del PBI en lo destinado de manera específica al sector energético, que de esta forma quedará en una cifra del orden del 1,6% del PBI el próximo año, ya sea por ahorro de consumo de la gente o por la actualización de tarifas.
También se reducirá en 0,1 del PBI el subsidio al transporte, que quedará en 0,4% como compensación a los colectivos interjurisdisccionales.
El presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.
El artículo 71 establece una enmienda a la ley 27.679 de blanqueo para la construcción, a los fines de incorporar en esa normativa un permiso para la «la adquisición de un inmueble usado que sea afectado: i) con destino exclusivo a casa-habitación del declarante de los fondos y su familia, o ii) por un plazo no inferior a diez años, a la locación con destino exclusivo a casa-habitación del locatario y su familia».
Es decir, con esta modificación se permite que los fondos declarados en el marco del vigente régimen de blanqueo para la construcción sean también utilizados para la compra de viviendas usadas.