A partir de la Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes, el Estado Nacional acompaña desde 2019 a chicas, chicos y personas con discapacidad que son víctimas colaterales de estos episodios.
La Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA) alcanzó en los últimos cuatro años a 1.558 niños, niñas y adolescentes y personas discapacitadas, hijos e hijas de 804 víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Esta política pública es llevada adelante por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarollo Social, del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
El dato surge de una publicación realizada en el marco del quinto aniversario de la sanción de la Ley 27.452 que crea esta reparación. El documento bibliográfico fue elaborado por la Comisión Permanente de Seguimiento (COPESE), dedicada a su monitoreo y control, presidida por SENAF e integrada por los otros organismos a cargo.
Según la información recogida entre marzo de 2019 y julio de este año, actualmente existen 1.257 titulares de RENNYA y los registros indican que a medida que avanzó su implementación se redujo a 73 días corridos el tiempo del trámite para gestionar su alta, siendo que el tiempo reglamentario previsto es de 90 días hábiles.
Por otro lado, la edad promedio de las y los titulares es de entre 15 y 16 años, el mayor porcentaje tiene entre 13 y 17 años (29,6 %) y el 53% del total se identifica con el género femenino mientras que el 47% con el masculino. Respecto de las personas con discapacidad, la mayoría tiene entre 21 años y más, seguidas por quienes tienen entre 6 y 12 años.
En relación con la distribución geográfica, la RENNYA está presente en todas las jurisdicciones y la mayoría de las y los titulares se encuentran en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco y Salta.
Esta reparación equivale a una jubilación mínima que se actualiza de forma permanente mediante el régimen de movilidad jubilatoria. Fue aprobada en el Congreso de la Nación como una respuesta a la sociedad movilizada contra las violencias de género. A partir de su sanción, el Estado Nacional está obligado a reparar y acompañar a las infancias y adolescencias y personas con discapacidad que son víctimas colaterales de estos delitos.
Como su autoridad de aplicación, SENAF trabaja desde el ámbito de la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral en el establecimiento de normativas específicas, mecanismos y gestión de los recursos requeridos, articulando con el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar los derechos de las personas destinatarias.