Este caso inédito que «sienta precedente», fue iniciado en el 2020 tras la elevación del reclamo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.
El Estado argentino pidió este viernes disculpas por los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Aros, como cierre de un proceso que iniciaron sus familiares ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas (ONU), en un acto que «sienta un precedente» en el mundo al reconocer la responsabilidad estatal y otorgar una reparación integral en memoria de las víctimas.
«Me emociona que por fin, después de tanta lucha, hayamos sido reconocidas. Para mí lo más importante es las disculpas y todo lo que viene. Es un precedente para las demás familias que pueden estar en el mismo lugar que yo. Y que mi hija no va a ser olvidada«, compartió Ana Soto, la mamá de Analía Aros.
El salón Puiggros del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en el barrio porteño de Núñez, nucleó a familiares de víctimas de femicidas y representantes del Estado para firmar un acuerdo de solución amistosa, en un acto donde hubo abrazos, emoción y voces firmes que buscan la «no repetición de estos hechos».
El evento tuvo lugar al mediodía con la participación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; entre otros funcionarios.
La firma de los acuerdos fue entre las familias, sus representantes legales, el secretario Pietragalla Corti y el director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Javier Salgado.
«Con la firma de estos acuerdos, el Estado reconoce su responsabilidad internacional porque no se tomaron medidas adecuadas para evitar que los femicidios de Florencia y de Analía sucedieran, cuando existían claras denuncias previas de las víctimas«, dijo Pietragalla Corti.
Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores de edad cuando fue asesinada en 2010 por su expareja y agente de la policía bonaerense Miguel Ángel Mazó, quien hizo uso su arma reglamentaria para matarla, a pesar de que existía una restricción perimetral ya que la víctima había denunciado infructuosamente a su agresor durante dos años.
Mazó fue condenado a 18 años de prisión en 2012 y ese mismo año los familiares iniciaron una acción civil contra la provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños.
Analía Aros, de 36 años, fue asesinada en 2017 en Mar del Plata, dos días después de que denunciará una agresión por parte de su pareja, Hugo Orlando Gutiérrez, en la Comisaria de la Mujer y la Familia. En ese momento, agentes policiales le comunicaron que la restricción de acercamiento demoraría 72 horas, perimetral que nunca llegó, ya que fue asesinada 48 horas después, crimen por el cual el femicida cumple una condena a prisión perpetua.
El secretario de Derechos Humanos explicó que «miembros de la fuerza de seguridad llevaron adelante y usaron el arma reglamentaria para cometer estos homicidios», y además hubo una falta de acompañamiento a las víctimas que realizaron denuncias previas «cuando el Estado tenía que estar ahí sensible a esa situación y si hubiera pasado eso, tal vez Analía y Florencia hoy estarían con nosotros».
Acuerdos de solución amistosa
Hasta 2019, la Argentina había firmado 25 acuerdos de solución amistosa y 3 de cumplimiento de recomendaciones, y en los últimos 3 años, se firmaron otros 39 acuerdos ante organismos internacionales de derechos humanos.
El actual acuerdo procura la reparación individual de las familias y asume el compromiso de adoptar garantías institucionales para que no se repitan en el futuro casos como estos, incorporando, entre otras medidas, capacitaciones de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
«La reparación integral toma medidas de no repetición que tienen que ver con el abordaje de las violencias por parte de los organismos de seguridad, la formación en ley Micaela, procedimientos más expeditivos y que garanticen que las medidas precautorias se hagan efectivas», detalló la ministra Díaz.
Además resaltó la necesidad de una «reforma judicial» que transforme al Poder Judicial «en un ámbito de cercanía, de escucha, de atención, de respeto a la perspectiva de género y los derechos humanos».
Para Christian Berndt Castiglione, el abogado fundador de la organización regional Justicia y Reparación, un equipo de litigio en derechos humanos que brindó asistencia jurídica a las familias para llevar adelante el reclamo, «la respuesta del gobierno argentino en abordar estos casos denota una sensibilidad con la causa que corre el cerco, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional«.
«La empatía que tuvieron con los grupos familiares y con la causa y el solo hecho de allanarse, viene en cumplir un mandato de tratado internacional y lo hicieron perfectamente», afirmó.
Ante los femicidios de Florencia Albornoz y Analía Aros, el Estado reconoció su responsabilidad ya que los funcionarios policiales y del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires no evidenciaron tener en cuenta las obligaciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado Argentina.
También, porque luego del femicidio de Albornoz, la sentencia judicial de condena contuvo varios estereotipos con los que se buscó atenuar la pena del femicida.
Las y los familiares de Florencia y Analía estuvieron presentes en el acto con remeras y carteles que inmortalizan los rostros y nombres de estas mujeres.
Fernanda Albornoz, hermana de Florencia, leyó un escrito en el que afirmó que esta reparación «es una señal de que su vida no fue en vano».
Además, instó a que «se pueda ayudar, contener y llevar por este camino de cambios para que no vuelva a pasarle a otra mujer lo mismo que a mi hermana Florencia y a Analía».
Tanto Fernanda como Ana -mamá de Analía- forman parte del colectivo Atravesados por el Femicidio, que brinda asesoramiento y contención a familiares de víctimas de violencia de género y de femicidas.
«Es un camino difícil, con muchas sensaciones encontradas, de dolor,; hay días buenos, hay días malos; pero bueno, el propósito es salir adelante, ser la voz de mi hermana y de muchas más que ya no están, para que seamos escuchadas», concluyó Albornoz.