La decisión fue tomada por el Tribunal Oral número ocho, a pedido de su defensa, para que cumpla allí la pena de seis años y medio de cárcel.
El ex fiscal condenado por violación a seis años y medio de prisión Julio César Castro, quien comenzó a cumplir la pena el viernes pasado, fue alojado en una cárcel de mujeres para su propia seguridad. Así lo dispuso el juez del Tribunal Oral número ocho Alejandro Sañudo, al aceptar un pedido de la defensa de Castro ante los riesgos que podría correr en caso de ser alojado en un mismo ámbito que condenados o procesados a los que él hubiera podido acusar en su rol de fiscal.
Castro fue alojado en la víspera en el Centro Federal de Detención de Mujeres (U-31), situado en la localidad bonaerense de Ezeiza,según informó en el expediente María Alicia Barrios, “Oficial Jefe – Alcaide” de la Dirección de Judicial del Servicio Penitenciario Federal. Castro cumplirá allí su condena, que -según el cómputo de la pena- concluirá el 4 de mayo de 2028.
“Resultando atendibles las razones esgrimidas por la defensa de Castro respecto al alojamiento de su defendido, las averiguaciones practicadas por personal del tribunal con motivo de la particular condición y, sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el juez de ejecución penal al que se le enviarán estos actuados, dispóngase el traslado del nombrado para su alojamiento definitivo a la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal”, había resuelto el juez Sañudo.
Pero además advirtió que “en razón del riesgo que implicaría para la integridad física del mencionado Castro, bajo ningún concepto podrá ser alojado en cualquier otra dependencia del Servicio Penitenciario Federal ni mantener contacto con la población carcelaria en general, ni con personas acusadas o condenadas por delitos contra la integridad sexual».
Castro fue titular de la fiscalía especializada contra delitos sexuales e intervino, entre otros, en el juicio por el femicidio de Ángeles Rawson, pero fue apartado de ese caso cuando se conoció la denuncia por violación.
En noviembre de 2019, un tribunal oral lo condenó a seis años y medio de prisión, pero no fue detenido porque la condena no estaba firme, lo que finalmente ocurrió la semana anterior, cuando la Corte Suprema rechazó el último recurso de su defensa, a cargo de la abogada Roxana Piña.
Castro presentó la renuncia como fiscal en 2019 pero el procurador general interino Eduardo Casal se la rechazó. En ese contexto, empleados de su fiscalía denunciaron también malos tratos y trabajadoras mujeres describieron situaciones compatibles con acoso sexual y laboral. Así, Castro fue sometido a un jury de enjuiciamiento en el que finalmente fue destituido en abril pasado.