La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó ayer en la Cámara alta un proyecto para implementar un «refuerzo de ingresos» que garantice el acceso a una adecuada alimentación de las personas en situación de extrema vulnerabilidad, informaron fuentes del interbloque del Frente de Todos.
La iniciativa lleva las firmas de Di Tullio y del jefe del interbloque, José Mayans, que la acompañó en la presentación, y tiene por objetivo el establecimiento de una «prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional».
De acuerdo con el proyecto, serán beneficiarios y beneficiarias quienes no perciban ninguna prestación por desempleo o programas de ningún plan social o programa que sea otorgado por el Gobierno nacional ni provinciales ni municipales.
Tampoco podrán recibirlo jubilados o pensionados, ni trabajadores en relación de dependencia registrados ni pequeños contribuyentes, detallaron las fuentes.
En caso de convertirse en ley, la prestación del «refuerzo de ingresos» será actualizada de manera trimestral y tendrá un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que podrá recibir hasta un beneficio.
La iniciativa prevé implementar una prestación monetaria mensual equivalente al valor de la Canasta Básica Alimentaria, estipulada por el Indec en $ 15.057 al mes de junio de 2022, aunque el proyecto también establece que el monto del refuerzo podrá actualizarse cada tres meses.
«Somos conscientes de que, mientras abordamos la agenda de temas de mediano y largo plazo, una parte de la población requiere de medidas urgentes que no pueden esperar a resolver los indicadores macroeconómicos», planteó Di Tullio en los fundamentos del proyecto.
Y en el mismo sentido, amplió: «El objetivo de esta política transitoria es reducir drásticamente la indigencia, entendiendo que junto con la AUH podrán asegurar que todas las personas tengan cubierta la Canasta Básica Alimentaria».
El beneficio deberá ser solicitado a la Anses, que será la autoridad de aplicación y lo otorgará por el período de un año, en el transcurso del cual tendrá competencia para realizar de manera permanente el control de derecho y, por ende, verificar que la persona solicitante mantiene los requisitos exigidos por la ley.
Vencido el plazo de un año, la prestación podrá ser solicitada nuevamente.
El refuerzo de ingresos será intransferible e inembargable y «será absolutamente nulo todo acto privado que implique privar o restringir el derecho a la prestación», según establece el articulado del proyecto.
Las personas que accedan al beneficio pasarán a estar inscriptas en el Registro Nacional del Refuerzo de Ingresos (ReNaRi), que será creado por la ley bajo la órbita de la Anses.
El organismo de la seguridad social «hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder», agregaron desde el interbloque del FdT a través de un comunicado.
Y añadieron que la prestación monetaria mensual para personas en situación de vulnerabilidad «tendrá un costo fiscal del 0,09 del PBI para lo que resta del 2022 y de 0,44 durante el año siguiente».
Fuente: Télam