La justicia chaqueña avanza en el resonante caso que involucra a Ramón “Tito” López, jefe del Movimiento 17 de Julio, cuya detención a mediados de 2024 marcó uno de los hitos judiciales y políticos más importantes de la provincia. Tras una investigación que recopiló abundante prueba documental y digital, el fiscal Patricio Sabadini presentó un requerimiento de elevación a juicio contra López, su esposa Librada Beatriz Romero y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando López.
El escrito, de 90 carillas, sostiene que los acusados conformaron una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y fraude contra la administración pública, delitos por los cuales podrían enfrentar penas de entre cuatro años y medio y quince años de prisión.
La detención de López y su familia se dio tras comprobarse un notable incremento en su patrimonio durante las últimas dos décadas: de desempeñarse como “carrero” en Resistencia, el dirigente social pasó a poseer propiedades valuadas en más de 1.600 millones de pesos. Según la investigación fiscal, estos bienes incluyen numerosos inmuebles, campos, una flota de vehículos, ganado y maquinaria agrícola.
Los allanamientos realizados el año pasado en distintos puntos de la provincia permitieron secuestrar documentación y dispositivos clave para la causa, que ahora apunta a determinar no solo la responsabilidad de López y su familia, sino también la eventual complicidad de funcionarios de la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, bajo cuyo mandato se canalizaron millonarios fondos a las organizaciones piqueteras del clan.
Desde el momento de su detención, López sostiene su inocencia y denuncia una persecución política en su contra. Antes de las elecciones de mayo, aseguró que su encarcelamiento buscaba perjudicar a Capitanich, debido a la exposición de los flujos financieros entre el gobierno provincial y las fundaciones vinculadas al Movimiento 17 de Julio.
Por el momento, la causa deberá ser evaluada por el juez interviniente para confirmar la elevación a juicio. Se espera que en las próximas semanas se definan las fechas de las audiencias, en un proceso que podría revelar nuevas ramificaciones de la red de lavado y las responsabilidades de otros actores involucrados.