La empresa de correo estatal forma parte de la lista de privatizaciones que componen la Ley Bases, la cual aún no encontró salida del Senado.
Correo Argentino es una de las nueve empresas públicas que el Gobierno de Javier Milei pretende privatizar, siempre y cuando se apruebe la Ley Bases en el Congreso de la Nación. Hace dos semanas, se activó un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con beneficios significativos, con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados.
Hasta ahora, el proceso resultó en unas 2000 cesantías, pero la gestión de Milei tiene la intención de reducir aún más el personal hasta alcanzar una nómina final de 9500 empleados, según reconocieron fuentes de la empresa estatal.
En 2023, Correo Argentino registró un déficit de $ 100.000 millones. El desafío del Gobierno es alcanzar un equilibrio económico mediante una reestructuración que no solo incluye las más de 7000 bajas laborales, sino también la venta de algunos de los 901 inmuebles que la compañía posee en todo el país. Asimismo, se propone el surgimiento de franquicias públicas y privadas para mantener la presencia en las 24 provincias.
Para implementar las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicio cuenten con «un punto correo». También podrían incorporarse intendencias u otras sedes estatales. Con esta medida, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y del personal. El objetivo final es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.
El encargado del proceso de reestructuración es Camilo Baldini, el actual presidente y director de Correo Argentino. La supervisión del área corresponde a Nicolás Posse, el jefe de Gabinete. Baldini conservó su puesto tras haberlo ocupado durante la presidencia de Alberto Fernández. Es uno de los 1867 funcionarios del Frente de Todos que permanecen en «puestos de decisión» a pesar del cambio de gobierno, como lo reconoció Posse en su presentación ante el Senado.
La incertidumbre sobre el futuro del Correo Argentino fue un tema recurrente en la exposición de Posse en el Senado, realizada el miércoles último. José María Carambia, senador nacional por Santa Cruz, indicó durante la sesión que el Gobierno tiene la intención de pagar las indemnizaciones antes de que la empresa sea privatizada.
Si el Correo Argentino reduce su participación en el mercado, podría abrirse una oportunidad para que los correos privados capitalicen el terreno. Las empresas que podrían beneficiarse son Andreani, OCASA, y OCA, dirigidas por Claudio Espinoza, un empresario del transporte cercano a Hugo Moyano.
El plan de reducción de la estructura del Correo Argentino no es nuevo. Entre 2021 y 2022, se realizó un recorte de personal, pero la administración de Milei aceleró el proceso con mayor determinación. Los retiros voluntarios incluyen el pago de la indemnización correspondiente más un 30% adicional. El proceso comenzó el 2 de este mes y finalizará el 24, casi en línea con los tiempos trazados para aprobar la Ley Bases y obtener luz verde para la privatización.
Actualmente, Correo Argentino cuenta con 14.500 empleados, 1452 sucursales y 901 inmuebles propios. La intención es reducir la planta a 9500 personas y 500 sucursales. Con esta estructura, la empresa estatal no lidera el mercado postal y logístico interno. A diferencia de las empresas privadas, Correo Argentino debe garantizar por ley la logística de las jornadas electorales nacionales, incluyendo el reparto de urnas y votos en todo el país. Además, mantiene bajo su órbita el correo postal tradicional para la entrega de documentación personal, cartas documentos y telegramas, que ahora también pueden realizarse de manera electrónica sin necesidad de acudir a una sucursal oficial.