La Cancillería y la Secretaría de Comercio aseguraron que la nueva gestión de Milei hará cumplir la ley pero que necesita tiempo para instrumentar un plan nacional de controles.
El Gobierno de Javier Milei recibió observaciones sobre los desafíos a la propiedad intelectual que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos-2024 Special 301 Report on Intellectual Property and Enforcement- reiteró en el informe en el que nombra nuevamente a la feria La Salada como mercado de productos falsificados y pirateria.
Hace también referencia al comercio irregular online de esa mercadería, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en internet, y se queja de la «casi inexistente» legislación penal que sancione la práctica.
El Gobierno de Javier Milei recibió observaciones sobre los desafíos a la propiedad intelectual que la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos-2024 Special 301 Report on Intellectual Property and Enforcement- reiteró en el informe en el que nombra nuevamente a la feria La Salada como mercado de productos falsificados y pirateria.
Hace también referencia al comercio irregular online de esa mercadería, a través de las redes sociales, así como al crecimiento de la piratería en internet, y se queja de la «casi inexistente» legislación penal que sancione la práctica.
La Cancillería reaccionó ante el llamado de atención, que se repite todos los años, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, comprometió que la fiscalización se hará a partir de junio, aduciendo que el cambio de gobierno obligó a reestructurar organigramas y la agenda oficial de actividades.
«Está el tema de La Salada, de la venta por internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley», dijo.
En ese aspecto, la Secretaría de Comercio se encuentra asimismo en pleno desarrollo de un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior.
La cuestión de las patentes va más allá del enorme mercado informal que funciona paralelamente pero a la vista, y la industria nacional farmacéutica tradicionalmente se enfrentó con las presiones de los lobbies norteamericanos para que se cumplieran las prácticas vigentes en el Hemisferio Norte
Sobre el particular, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) emitió un comunicado en el que destaca que «si bien se mantiene a la Argentina dentro de la Priority Watch List, el gobierno de EEUU ha cambiado radicalmente su visión en lo que respecta al sector farmacéutico, pues ha desistido de objetar la política legislativa y regulatoria en materia de patentes farmacéuticas».
Si se observa la lista de países suministrada por la Administración Biden salta a la vista que la observación excede esos desafíos de larga data a la propiedad intelectual achacados a nuestro país.
Figuran Chile, China, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Y en la lista de naciones seguidas, aunque no en orden prioritario, están Argelia, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y Turkmenistán.
El gobierno norteamericano lleva más de una década mencionando sistemáticamente al complejo informal que funciona en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, al cual en su momento definió como «uno de los mayores mercados al aire libre de Latinoamérica» de comercio irregular