En una decisión histórica y con apoyo unánime, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de garantizar la actualización y continuidad de las prestaciones que reciben millones de personas en todo el país.
La iniciativa fue aprobada por 56 votos afirmativos, aportados por legisladores de distintos bloques políticos, incluidos el peronismo, la UCR, los partidos provinciales y dos senadores del PRO, Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez, en un gesto que evidenció consenso transversal ante una problemática crítica.
El proyecto establece un régimen especial de emergencia que permitirá reforzar los mecanismos de financiamiento, actualizar aranceles, agilizar trámites y asegurar el pago a profesionales y prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad, en un contexto donde la crisis económica puso en jaque la sostenibilidad del sistema.
Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, terapeutas y centros especializados venían reclamando desde hace meses por una solución estructural frente a demoras en pagos, desactualización de aranceles y amenazas de corte de servicios.
Con la sanción definitiva de esta ley, el Estado nacional deberá garantizar la cobertura integral de las prestaciones básicas establecidas por la Ley N° 24.901, mediante obras sociales, prepagas y el sistema público de salud, bajo un esquema de emergencia.
La ley comenzará a regir una vez publicada en el Boletín Oficial y se espera que el Poder Ejecutivo defina en breve su reglamentación.