El proyecto, aprobado en junio del 2023 en Diputados, protege al paciente ante eventuales hechos de mala praxis durante la atención médica.
El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto denominado “Ley Nicolás”, flamante norma que tiene por finalidad mejorar la atención de los pacientes, las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud y reducir los eventos médicos inesperados durante la atención.
La iniciativa fue sancionada por una amplia mayoría de 69 votos y solo uno en contra: el de la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien responde a la ministra Patricia Bullrich y se ganó una merecida pero triste fama nacional al asegurar: «No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”.
Los principales ejes de la «Ley Nicolas»
La ley contempla la creación de la historia clínica digital encriptada e interoperable; certificaciones obligatorias y periódicas para los profesionales de la salud y las instituciones médicas; desarrollo de protocolos de actuación y sistemas de auditoría y vigilancia.
También define criterios y conceptos de seguridad, incidente, evento adverso evitable, evento adverso no evitable, acto temerario y evento centinela, que es un hecho potencialmente peligroso, no anticipado ni deseado, que ocurre en las instituciones de salud.
Además, las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables”.
También diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas, entre otros puntos.
Asimismo, se establece que «la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos».
Por qué se llama “Ley Nicolás”
En 2017, Nicolás Deanna falleció a los 24 años, al sufrir un mal diagnóstico porque no se le detectó la enfermedad que tenía: una meningitis bacteriana que con un oportuno diagnóstico clínico hubiera permitido el tratamiento adecuado para salvarle la vida.
Según relató su madre, Gabriela Covelli, el sábado 21 de octubre de aquel año «Nico comenzó con insoportables dolores de cabeza. Fuimos a la Clínica del Bosque de Pinamar. Durante tres días le inyectaron Diazepam, Diclofenac, también Keterolac vía oral, pero el dolor no cedía”.
“El médico se negó a hacer estudios complementarios. Se reía de mi preocupación. El mismo día lo atendió un kinesiólogo y su diagnóstico fue ‘contractura en la base del cráneo’”, añadió, señalando que “el martes 24 a las 8 concurrimos nuevamente a la clínica y exigimos más estudios”.
Allí “le realizaron por obligación una TAC y un análisis de sangre con un exudado: el mismo arrojaba el doble de glóbulos blancos que una persona sana podría tener. El médico afirmó que se habían juntado dos diagnósticos: ‘contractura en la base del cráneo y angina’, inyectándole penicilina”.
“Nico presentó todos los síntomas, fiebre, dolores de cabeza intensos y vomitó a chorros en el consultorio… Todos síntomas claros de una meningitis bacteriana, que con un oportuno diagnóstico clínico o simple punción lumbar, hubiera permitido el tratamiento adecuado de mi hijo. Y hoy estaría vivo”, añadió la dolida mujer mediante una carta enviada a los medios en 2019.
Pero el médico “nos dio el alta. A las 16 del martes Nico volaba de fiebre, realizó un exoftalmos bilateral, el médico lo internó en la Clínica del Bosque con un suero sin medicación, y confundió este último síntoma con una alergia. Selló así la muerte segura de mi hijo con ‘daño cerebral irreversible y coma’”.
Desde entonces, Gabriela comenzó una pelea por tener una normativa legal para mejorar la atención de los pacientes. El proyecto había sido aprobado en junio del 2023 en la Cámara de Diputados, en base a un texto del diputado radical Fabio Quetlas, y ahora fue convertido en ley por el Senado.
En 2017, Nicolás Deanna falleció a los 24 años, al sufrir un mal diagnóstico porque no se le detectó la enfermedad que tenía: una meningitis bacteriana que con un oportuno diagnóstico clínico hubiera permitido el tratamiento adecuado para salvarle la vida.
Según relató su madre, Gabriela Covelli, el sábado 21 de octubre de aquel año «Nico comenzó con insoportables dolores de cabeza. Fuimos a la Clínica del Bosque de Pinamar. Durante tres días le inyectaron Diazepam, Diclofenac, también Keterolac vía oral, pero el dolor no cedía”.
“El médico se negó a hacer estudios complementarios. Se reía de mi preocupación. El mismo día lo atendió un kinesiólogo y su diagnóstico fue ‘contractura en la base del cráneo’”, añadió, señalando que “el martes 24 a las 8 concurrimos nuevamente a la clínica y exigimos más estudios”.
Allí “le realizaron por obligación una TAC y un análisis de sangre con un exudado: el mismo arrojaba el doble de glóbulos blancos que una persona sana podría tener. El médico afirmó que se habían juntado dos diagnósticos: ‘contractura en la base del cráneo y angina’, inyectándole penicilina”.
“Nico presentó todos los síntomas, fiebre, dolores de cabeza intensos y vomitó a chorros en el consultorio… Todos síntomas claros de una meningitis bacteriana, que con un oportuno diagnóstico clínico o simple punción lumbar, hubiera permitido el tratamiento adecuado de mi hijo. Y hoy estaría vivo”, añadió la dolida mujer mediante una carta enviada a los medios en 2019.
Pero el médico “nos dio el alta. A las 16 del martes Nico volaba de fiebre, realizó un exoftalmos bilateral, el médico lo internó en la Clínica del Bosque con un suero sin medicación, y confundió este último síntoma con una alergia. Selló así la muerte segura de mi hijo con ‘daño cerebral irreversible y coma’”.
Desde entonces, Gabriela comenzó una pelea por tener una normativa legal para mejorar la atención de los pacientes. El proyecto había sido aprobado en junio del 2023 en la Cámara de Diputados, en base a un texto del diputado radical Fabio Quetlas, y ahora fue convertido en ley por el Senado.