Las empresas de transporte de media y larga distancia dejaron de entregar pasajes gratuitos a personas con discapacidad.
Las firmas aseguran que a partir de la publicación del decreto que desreguló el sector, no tienen la obligación de hacerlo, porque dejaron de ser un «servicio público».
En el Gobierno advierten que multarán a las líneas que no entreguen los tickets. Se abre una disputa legal que involucra más de 100.000 pasajes y $3.500 millones mensuales.
La demanda de pasajes hacia los distintos destinos del país se dispara y las personas con discapacidad no son la excepción. Pero en este caso, los usuarios se encontraron con una sorpresa, las empresas dejaron de otorgar el beneficio de tickets sin cargo que entregaban hasta hace dos semanas.
La explicación que dan las cámaras que representan al transporte de media y larga distancia es que, la desregulación que llevó adelante el Gobierno terminó con el criterio de servicio público que regía previo al decreto y, con esa decisión, desapareció la normativa que los obligaba a otorgar el beneficio.
QUÉ DICE EL GOBIERNO
Desde la Secretaría de Transporte aseguraron que «la desregulación del transporte automotor no eliminó la gratuidad en los pasajes para personas con certificado de discapacidad, por lo que la obligación de las empresas respecto a ofrecer cupos gratis para transportar a las personas con discapacidad sigue vigente».
En esa línea, afirmaron que «la CNRT está intimando a las empresas que decidieron unilateralmente suspender la emisión de estos servicios». Sobre este punto, señalaron que ya se sancionó a unas 44 empresas que no cargaron el servicio en el sistema y le exigieron a las cámaras sector que «revean su accionar».
La gratuidad comenzó en el año 2014 cuando el Estado subsidiaba a las empresas de transporte de media y larga distancia, pero en 2017 se quitaron por completo los subsidios y se reemplazaron por un esquema de compensación parcial a esos pasajes gratuitos. Con el correr de los años, el tope que se impuso fue quedando cada vez más desactualizado por el efecto de la inflación.
Las empresas aseguran que son casi 100.000 boletos mensuales los que deben cubrir y que la cuenta a pagar supera los $3.500 millones mensuales. Pese a las sanciones, argumentan que con la desregulación quedaron en la misma situación que otros actores como combis, taxis, ómnibus turísticos que no tienen que cumplir con esa obligación. Van a apelar y, al menos por ahora, la cuestión se dirimirá en la Justicia.