Ocho de las víctimas fatales se produjeron este viernes. La presidente escala las medidas de represión. Renunciaron dos de sus ministros y el Congreso no aprueba el adelantamiento de las elecciones.
Perú parece ya un país en guerra. La crisis política y social que estalló tras el golpe fallido del ex presidente Pedro Castillo, tuvo este viernes su jornada más sangrienta con ocho muertos que redondean ya 17 víctimas fatales desde el inicio de las protestas hace poco más de una semana, centradas especialmente en el interior del país.
Los principales choques entre partidarios del mandatario destituido y bajo arresto, sucedieron en Ayacucho, 560 kilómetros al sur del país. También hubo incidentes con otro muerto en Junín, a 230 kilómetros de esta capital.
Castillo ha enviado varias comunicaciones desde su lugar de detención, pero en ninguna de ella llamó a la pacificación, más bien lo contrario.
Para la presidenta Dina Boluarte, ex vice del mandatario golpista, la situación se convierte en un desafío cada vez más complejo en su intento de restablecer el orden público. En ese esfuerzo decretó el Estado de Emergencia que suspendió derechos como el de reunión y libre tránsito, y envió a las fuerzas armadas para colaborar con la Policía. Ese formato agravó la crisis.
En la noche del jueves debió dictar el toque de queda en 15 provincias y ya tuvo sus primeras bajas en el gabinete por la violencia, renunciaron los ministros de Educación y de Cultura, recién nombrado en el gabinete de emergencia que debió designar tras asumir el gobierno en medio de la crisis.
Los seguidores de Castillo en el interior pobre del país donde tuvo su caudal electoral en 2021, reclaman su liberación, el cierre del Congreso, el llamado a una Asamblea Constituyente y elecciones anticipadas. Este último punto podría el único que le cedería la política peruana aunque no rápidamente.
Boluarte, asumió su cargo el miércoles de la semana pasada cuando el expresidente sorprendió al país con un mensaje en la televisión en el cual ordenaba el cierre del legislativo, el toque de queda, y anunciaba la puesta en marcha de un gobierno de facto, de emergencia y por decreto.
Un golpe en toda la línea similar al que llevó adelante el ex dictador Alberto Fujimori, con quien en estas horas comparte la prisión después de que la intentona fue desactivada en apenas dos horas por el rechazo de las fuerzas armadas a sumares a la rebelión.
Baluarte, quien había señalado su intención inicial de cumplir el mandato de Castillo hasta 2026, debió retroceder rápidamente. Las violentas protestas del sábado y domingo con los primeros dos muertos la obligaron a enterrar ese sueño y anticipar que enviaría un proyecto al Congreso para llamar a elecciones en abril de 2024.
Como no alcanzó para calmar los ánimos, ahora los comicios podrían ser en diciembre de 2023 o previsiblemente antes.