Entre los años 2023 y 2024, unas 19 empresas privadas que administran represas hidroeléctricas en el país llegarán al final del contrato concesionario que otorga su explotación productiva tras 30 años, con lo cual, se abrirá una nueva puerta para la puja por la administración en momentos donde también se construirá una nueva elección presidencial.
Respecto a esto, el investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Bruno Fornillo, mantuvo una comunicación con Radio Nacional Resistencia donde asentó la propuesta de motivar un debate público y apuntó contra la “necesidad” de estatizar estas represas en beneficio estatal.
“Las represas hidroeléctricas se privatizaron fundamentalmente en el año 93 y 94, son 19 en total que tienen una potencia descomunal, que prácticamente iguala a Yaciretá y Salto Grande juntas y producen casi el 10% de la energía eléctrica que consume el país”, comentó el investigador, y agregó que “esas represas se construyeron con fondos públicos, con la plata de la población, que aportó, a través de un impuesto en los años 60’, 70’ y 80´, y en el 93’, una vez construidas, se privatizaron todas y esa renta está en manos de empresas privadas, la mayoría trasnacionales”.
En ese sentido, señaló que “el monto para construirlas es descomunal, y luego de ello, las ganancias quedaron en manos de capitales privados”. “Las represas son capital intensiva, requieren mucha plata de inicio para construirlas, y el monto para operarlas es menor. En las autopistas y carreteras paso algo similar, el verdadero costo está en la construcción. Entonces, esos bienes públicos que se construyen con dinero de la población luego quedan en manos de privados. Es una cuestión que, si uno la piensa un poco, es desquiciante”, sostuvo.
En vistas al vencimiento de las concesiones, explicó que “ahora existe una posibilidad, y nosotros, procuramos adelantarnos a algo que configuramos podría llegar a pasar, que es que, rápidamente y bajo la mesa, se podrían llegar a extender esas concesiones y pasasen totalmente inadvertidos”, y remarcó que “queremos propiciar un debate público acerca de la necesidad de que las empresas vuelvan a manos públicas”.
En argumento a su postura, indicó que el funcionamiento de las represas “significa una renta de entre 400 y 700 millones de dólares anuales”, lo cual, planteó que “podría proyectar inversiones en una transición energética popular”.