Es necesario «monitorear» la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sostienen abogadas

La Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) N° 27.610, aprobada en diciembre de 2020, que establece el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 14 de gestación, fue una victoria de los movimientos transfeministas de la Argentina, cuyo ejercicio «es necesario monitorear», advirtieron las abogadas Soledad Deza y Natalia Gherardi.

«Como con todos los derechos, hay que monitorear su ejercicio, tratar de achicar las brechas de acceso que muchas veces existen en los territorios. Pero el contexto actual es favorecedor porque hay una política pública que impulsa el cumplimiento de la ley», dijo a Télam Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), organización feminista que trabaja en una agenda integral en temas de género.

En ese sentido, Deza, abogada y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aseguró que «un gran desafío es que sea una prestación que tenga la misma cobertura que todas las prestaciones lícitas, en la que no dependamos de la voluntad más o menos comprometida de los efectores en el territorio, sino que sea una política pública en todas las provincias».

Además, destacó la importancia de que se cumpla la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y señaló que otro desafío que dejó la ley «es el caso de las niñas madres».

«Si bien son excepcionales, se detectan por la propia situación de abuso que suele rodear estos casos y se descubren de forma tardía cuando son embarazos avanzados», afirmó.

Por su parte, Gherardi nombró como un obstáculo la judicialización de casos desde la aprobación de la ley.

«Hay unos 30 casos que se han judicializado en este tiempo de vigencia de la ley, pero en términos generales el Poder Judicial ha sostenido la constitucionalidad de la norma y ha protegido la política pública», apuntó.

En ese sentido, informó que desde ELA y junto con otras organizaciones monitorean e intervienen en estos casos protegiendo el derecho de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar para ejercer efectivamente este derecho.

Pero en ocasiones la persecución se centra en las y los profesionales que garantizan la práctica.

«Conocemos casos como el de la médica de Salta (Miranda Ruiz) en el que se trata de perseguir a profesionales que garantizan derechos. Ahí es muy importante que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad protegiendo y garantizando los derechos de las personas que cumplen con sus obligaciones», subrayó Gherardi.

Y concluyó: «Sabíamos que esto iba a pasar. Después de aprobada la ley seguramente iban a haber varios intentos de atacar con la justicia a esta ley. Creemos que el Poder Judicial responderá adecuadamente si cumple con los estándares de Derechos Humanos y de nuestra Constitución».