Un nuevo capítulo del doble filicidio ocurrido en Uruguay reveló cómo fueron las últimas horas de Andrés Morosini (28), el hombre que secuestró y asesinó a sus dos hijos, Alfonsina (2) y Francisco (6), en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.
Morosini trabajaba como obrero de la construcción y también se desempeñaba como jockey, actividad que lo vinculaba desde su infancia al mundo del turf. Según fuentes del ambiente, generaba rechazo por su conducta: era considerado “extremadamente complicado y rebelde a nivel profesional”, y había sido suspendido de competencias por un año por problemas de conducta. Además, apenas días antes del crimen, intentó quitarse la vida en el stud del hipódromo, siendo rescatado por sus compañeros.
La secuencia del crimen
La tragedia se desencadenó días después de que su expareja, Micaela Ramos, denunciara a Morosini por violencia. La justicia le impuso la prohibición de acercamiento a menos de 50 metros, aunque no se aplicaron restricciones respecto de los menores ni se colocó tobillera electrónica.
Aprovechando un paro en su trabajo de construcción, Morosini llegó a la casa de Ramos, discutió con ella, la amenazó y se llevó a sus hijos por la fuerza, subiéndose a su auto BYD rojo y escapando a alta velocidad. Conocía perfectamente la zona donde ocurrió el desenlace: el arroyo Don Esteban, lugar donde finalmente se arrojó con el vehículo a más de 120 km/h.
El auto fue encontrado días después, hundido en el arroyo y con graves daños en la carrocería. En su interior se hallaron los tres cuerpos: Morosini sobre el volante y los menores en el asiento trasero. Según las primeras pericias, no se detectaron signos de violencia previa ni rastros de un accidente antes del impacto.
Investigación y contexto
El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un buzo y al arrastre del vehículo con un tractor hasta la orilla, tras lo cual los cuerpos fueron trasladados a Young para la realización de las autopsias correspondientes.
Este caso conmociona a Uruguay y reabre el debate sobre la protección de menores en contextos de violencia doméstica, así como la vigilancia sobre personas con antecedentes de conductas violentas.