Un total de 14 gendarmes de distintas jerarquías, incluida la jefa del destacamento de Sampacho, Analía Galian, fueron detenidos este jueves en el marco de una investigación judicial por el presunto cobro de coimas a transportistas para dejarlos circular en controles sobre la ruta nacional 8.
Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Carlos Ochoa, a partir de una investigación impulsada por el fiscal Rodolfo Cabanillas, luego de una serie de denuncias realizadas por camioneros que aseguraron haber sido extorsionados con pagos indebidos, incluso en casos en los que la documentación requerida presentaba falencias.
El inicio de la investigación
Según fuentes judiciales, todo comenzó en febrero pasado, cuando un camionero denunció que había tenido que pagar reiteradas veces para poder continuar su viaje. “El denunciante habría pagado coimas y a la tercera oportunidad se hartó y decidió denunciar los hechos”, explicaron. Luego se sumaron otros choferes con testimonios similares.
Los pagos, de acuerdo a la investigación, se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.
La pesquisa fue llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Criminales de la propia Gendarmería Nacional, que reunió pruebas y documentación para avanzar en el caso.
Allanamientos y repercusiones
El operativo incluyó 25 allanamientos en el destacamento de la fuerza, ubicado en el kilómetro 650 de la ruta 8, y en domicilios particulares vinculados a los acusados. El despliegue llamó la atención de los vecinos de Sampacho.
“Pensamos que tanto movimiento podía ser por una causa de drogas, pero no por esto”, relató una vecina.
La detención de la jefa Analía Galian sorprendió también a las autoridades locales. “Ella siempre estaba presente en los actos. Hacían trabajo conjunto entre municipio y policía local”, comentaron en la zona.
El delito de cohecho
El cohecho está tipificado en el artículo 256 del Código Penal argentino, que establece penas de uno a seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para todo funcionario público que reciba dinero o dádivas en el ejercicio de sus funciones.
Antecedentes
El caso guarda similitudes con otra causa registrada en el norte del país, donde 30 gendarmes fueron imputados en Salta, Jujuy y Tucumán por el cobro de sobornos para permitir el ingreso ilegal de cocaína y mercaderías desde Bolivia. Allí, los montos exigidos variaban entre 20 mil y 100 mil pesos y los pagos también se realizaban mediante billeteras virtuales.