El ex presidente Alberto Fernández se encuentra en una encrucijada legal tras el pedido del juez Julian Ercolini para que designe un abogado que lo represente en la causa que lo involucra en el escándalo de los Seguros. Evitando hasta ahora asumir su imputación, Fernández se ve obligado a procurar una defensa que resguarde sus garantías en el proceso.
La compleja trama judicial se despliega a partir de la revelación de los contratos entre Nación Seguros SA y ANSES, utilizando intermediarios. Lo que comenzó como un caso aislado creció hasta convertirse en un rompecabezas legal, con 45 contratos de diferentes organismos estatales, la participación de 25 brokers y una cifra astronómica de $ 3.453.302.777 pesos en comisiones, equivalente a 17 millones de dólares al tipo de cambio vigente en ese momento.
Alberto Fernández enfrenta dos imputaciones en esta investigación, detalladas con los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos. A pesar de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal, el ex presidente nunca se presentó en el expediente. Incluso, ante la inhibición de sus bienes, optó por no apelar la decisión.
La falta de comparecencia de Fernández fue observada por la Cámara Federal de Apelaciones, especialmente cuando otros imputados apelaron las medidas cautelares dictadas por el juez Ercolini. Ante esta situación, el magistrado envió un oficio a la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina para notificar a Fernández sobre las medidas dispuestas y le solicitó que nombre un abogado defensor.