El Gobierno Nacional tomó medidas contundentes en respuesta a las recientes irregularidades descubiertas en Nación Seguros, despidiendo al gerente del área comercial, Matías Caselli, junto con dos empleados de la misma área. Estos movimientos fueron realizados bajo la dirección del titular de la empresa, Alfonso Torres, quien solicitó las renuncias tras detectar problemas en el manejo de los brokers.
Los motivos detrás de estos despidos serán detallados en las próximas horas al juez federal Julián Ercolini, encargado de la investigación judicial en curso, según informó Infobae. «La empresa continúa con el proceso de auditoría y no se descartan nuevas medidas, según sea necesario», afirmó una fuente oficial.
Caselli, quien contaba con 15 años de experiencia en la empresa y había ocupado varios cargos de importancia, es solo el último en una serie de despidos dentro de Nación Seguros. El fin de semana anterior, el gerente general, Mauro Tanos, y el gerente de compras, Federico Eufemio, también fueron destituidos de sus cargos.
La decisión de despedir a Tanos se tomó luego de que la Justicia vinculara una camioneta Jeep, vista en la residencia del empresario Alfredo Del Corro, con él. Este vehículo, inscrito a nombre de «7 de mayo Cooperativa Limitada», tenía una tarjeta azul que le permitía ser utilizado por Tanos. Por otro lado, Eufemio estaba vinculado a datos societarios sospechosos, siendo parte de una sociedad junto a Del Corro, un empresario ajeno al rubro asegurador, lo que levantó sospechas sobre su rol en ciertas operaciones.
Además de los despidos, el Gobierno anoche tomó una decisión política significativa al prohibir a los intermediarios participar en todas las contrataciones de seguros realizadas por los organismos públicos. La medida fue comunicada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, a través de una nota enviada a todos los ministros. Esta prohibición se suma a la auditoría realizada por Nación Seguros que reveló que los brokers cobraron una suma considerable de dinero en los primeros dos meses del año por contratos con el Estado.
A pesar de estas acciones, el Gobierno aún no derogó el decreto firmado por Alberto Fernández en 2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar directamente con el Estado, ni excluyó a los intermediarios del proceso. Esto genera incertidumbre sobre el futuro de las contrataciones de seguros en el ámbito público y sobre la posible continuidad de las investigaciones en curso.