Una denuncia materna desencadenó una investigación que reveló graves irregularidades en la Escuela Albergue Conrado Nalé Roxlo N° 1211: alumnos fantasmas, malversación de fondos y un caso estremecedor de abuso a un niño de 7 años.
La Escuela Albergue Conrado Nalé Roxlo N° 1211, ubicada en una zona rural del Departamento 9 de Julio, fue clausurada por disposición del Ministerio de Educación provincial luego de que una denuncia realizada por una madre expusiera un caso de abuso infantil y una compleja trama de corrupción administrativa.
La investigación reveló la existencia de una nómina inflada con alumnos fantasmas que sirvió para justificar la contratación de ocho empleados ministeriales. Esta maniobra permitió desviar recursos públicos bajo el supuesto de atender a un número mayor de estudiantes, cuando en realidad solo 11 alumnos —la mayoría provenientes de Santa Silvina, Chaco— asistían al establecimiento.
Lo más alarmante surgió con la denuncia del abuso de un niño de 7 años, cuyos gritos de auxilio habrían sido ignorados sistemáticamente por los responsables de la institución. El hecho encendió las alarmas y motivó la actuación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como la intervención del juez penal de Primera Instancia de Tostado, José Luis Estévez.
Testimonios recogidos por periodistas y vecinos del lugar describen un ambiente oscuro y silenciado durante años, con sospechas de abusos y violaciones. A pesar de que las autoridades del Departamento 9 de Julio estaban al tanto de las anomalías, no existían antecedentes de denuncias administrativas ni pedagógicas previas.
La escuela contaba con una directora, una docente y profesores de áreas especiales como Educación Física, Música, Plástica, junto a un celador, un ayudante de cocina y un portero. Todos estos recursos humanos, y los fondos destinados a logística, alimentación y administración, fueron sostenidos por años a pesar de la escasa matrícula estudiantil.
La resolución ministerial de cierre, aunque todavía no fue publicada oficialmente, se fundamenta en los resultados de los sumarios administrativos y la denuncia penal en curso. Hasta el momento, se desconoce el estado de avance de las actuaciones judiciales, mientras crece el reclamo de la comunidad por transparencia y justicia.
Este caso saca a la luz no solo la desprotección de los niños albergados, sino también un sistema educativo que, en algunos sectores, parece haber funcionado más como una red clientelar que como un verdadero espacio de enseñanza y contención.
Fuente: con información de StyloZNoticias