Ocho jugadores de la primera división del fútbol de Brasil fueron apartados por sus clubes bajo sospecha de amañar partidos en 2022, en un caso que conmociona a la tierra del «jogo bonito».
Los futbolistas separados, la mayoría por tiempo indefinido, está acusados de participar de un esquema de manipulaciones que daba cuantiosas ganancias a una banda criminal que apostaba en sitios en línea.
Los nombres de ellos aparecen en conversaciones de apostadores encontradas por fiscales y medios brasileños, y reveladas por medios locales.
Entre ellos, surgió el del argentino Kevin Lomónaco, del Red Bull Bragantino, que ya no estaba entrenando con el once paulista desde mediados de abril, cuando se conocieron investigaciones en su contra.
«Tiene que asegurarnos la tarjeta amarilla antes del fin del primer tiempo, solamente eso», le dijoun supuesto miembro de la banda al defensor de 21 años, según un mensaje revelado por el portal Globo Esporte.
«Me decía que iba a ganar mucho dinero rápido (…) Lo hice sin saber que era un crimen», se defendió el futbolista argentino, que llegó a un acuerdo con las autoridades, en declaraciones publicadas por UOL el sábado.
¿Cómo se descubrió el escándalo?
Las alertas se encendieron en noviembre, cuando el presidente del Vila Nova de Goiás, Hugo Jorge Bravo, denunció ante la fiscalía de ese estado del centro de Brasil que tres partidos de la segunda división, en la que su club participa, habrían sido manipulados.
El directivo supo que uno de sus jugadores, el volante Romário, de 20 años, estaría involucrado.
La información, asegura, le llegó cuando el atleta incumplió lo pactado con los apostadores: cometer un penalti en el partido contra Sport Recife, en la última jornada del Brasileirao B, a cambio de una suma equivalente a unos 30.000 dólares al cambio actual.
El deportista recibió un adelanto de unos 2.000 dólares, pero no fue convocado para el juego.
Los apostadores presionaron al mediocampista, despedido a finales de noviembre y denunciado ante la justicia, para que les resarciera el perjuicio económico.
«Todo se descubrió porque la movida no resultó», dijo Bravo.
¿A quiénes se investiga?
Los fiscales de Goiás dieron continuidad a la denuncia de Bravo y lanzaron la Operación Pena Máxima.
Creen que al menos 15 partidos fueron amañados, ocho de ellos de la primera división del año pasado. Los otros fueron de la segunda categoría de 2022 y de campeonatos estatales de 2023.
Por ahora han denunciado a al menos 25 personas: 15 futbolistas, uno de la primera división, el defensa del Santos Eduardo Bauermann, y diez apostadores o financiadores, tres de los cuales están detenidos.
Lo encontrado hasta el momento puede ser la «punta del iceberg», dijo el procurador Rodney da Silva en abril.
Seis atletas de la primera división fueron apartados de sus equipos, la mayoría esta semana, cuando sus nombres aparecieron en conversaciones de apostadores encontradas por fiscales y reveladas por medios locales.
Otros dos, el lateral brasileño Pedrinho y el volante ecuatoriano Bryan García, fueron despedidos el viernes por Athletico Paranaense. Y el brasileño Max Alves, de Colorado Rapids (EEUU), fue suspendido.
Los deportistas, algunos de los cuales aceptaron cargos y negocian con la justicia, pueden pagar hasta seis años de prisión.
De momento no hay sospechas de árbitros involucrados.
¿Cómo operaban?
Apostadores o intermediarios abordaban a los jugadores a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y apostaban en sitios en línea, que son considerados víctimas.
Les ofrecían entre 10.000 y 100.000 dólares por ser amonestados o expulsados, forzar tiros de esquina, provocar penales o garantizar marcadores.
Los apostadores apuntaban a ganarse 400.000 dólares por fin de semana, según audios divulgados por el sitio G1, y usaban robots o cuentas registradas a nombre de terceros en las casas de apuestas para aumentar los ingresos.
¿Qué medidas se han tomado?
El ministro de Justicia, Flávio Dino, pidió el miércoles a la Policía Federal que investigue el caso.
El Congreso creó dos comisiones para indagar las manipulaciones, una de las cuales debe ser presidida por el senador y exdelantero Romário, campeón del mundo en 1994.
Las autoridades temen que la banda operara en ligas fuera de Brasil, donde las apuestas deportivas son legales desde 2018, aunque no han sido reglamentadas.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) afirmó el miércoles que no suspenderá el Brasileirao y que trabaja con la «FIFA y otras esferas internacionales para establecer un modelo estándar de investigación».
«Soy partidario de la suspensión preventiva (de jugadores) basada en sospechas concretas e incluso de la expulsión del deporte en casos probados. Quien comete crímenes no debe formar parte del fútbol», dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.
¿Es la primera vez?
Las adulteraciones en el fútbol brasileño no son nuevas y la CBF ha catalogado el fenómeno de «epidemia global».
El escándalo más reciente era la «Máfia do Apito» (Mafia del Silbato), en la que dos árbitros se aliaron con apostadores para amañar resultados en el Brasileirao de 2005.
Once juegos debieron repetirse y los jueces, entre ellos el FIFA Edílson Pereira de Carvalho, fueron vetados.
Tras el caso, se endurecieron sanciones y aumentaron inversiones para monitorear las apuestas.